La Audiencia de Palma juzga a ex alcalde de la localidad

El 'Caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sienta desde hoy, lunes 5 de mayo, a las 09:30 horas en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, y a tres de sus presuntos colaboradores.

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, aseguró hoy que no construyó su chalet en una finca clasificada como Área Rústica de Interés Paisajístico (ARIP) con la intención de darle el uso de una vivienda particular y señaló que, al tener las licencias verificadas por la Comisión de Urbanismo municipal para la ampliación de un almacén agrícola, pensó que la construcción de la edificación "era legal", si bien admitió que no se "ajustó" al proyecto inicial firmado por un ingeniero agrónomo, Gabriel Cañellas, quien había diseñado un proyecto de ampliación de almacén agrícola y no de una vivienda unifamiliar.

Así lo aseguró en contestación al interrogatorio del fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, quien continúa formulando preguntas al ex alcalde, para determinar las circunstancias de la construcción del chalet del ex primer edil con permisos de ampliación de una nave agrícola en una zona ARIP del municipio de Andratx que se juzga en esta primera causa enmarcada dentro de las 67 que forman parte del sumario del mayor caso de corrupción urbanística de Baleares.

Hidalgo admitió que construyó la vivienda pero "no con la intención de que su uso fuera particular", recalcando que estaba convencido tenía "una licencia legal" que había pasado por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y subrayó que pensaba que ésta "era totalmente legal". "Me hice la edificación donde debía, porque pensaba y sigo pensando que está bien hecha" sentenció.

El fiscal trató de probar que el ex primer edil ocultó su chalet bajo la apariencia de una nave agrícola y para ello pidió la reproducción de hasta cuatro cintas en las que se reproducen conversaciones pinchadas por agentes del Seprona en las que se escuchaba a Hidalgo manifestando la necesidad de "encontrar un pony" o llevar "sacos de alfalfa" para dar a la construcción el aspecto de nave agrícola de cara a las posibles inspecciones de las autoridades.

Sobre esto, el ex primer edil señaló que el pony era un regalo para su nieto "como el regalo de cualquier abuelo, como se estila en Mallorca" mientras que apuntó que la comida de los animales se debía a que en el lugar ya había habido presencia de algunos, como gallinas y pavos.

Asimismo, el ex alcalde aseguró no saber nada acerca de la desaparición de varios de los expedientes relativos a esta construcción y mantuvo que esta documentación la manejan los técnicos encargados de su tramitación. Hidalgo también manifestó no recordar si en aquel entonces sabía que existía un expediente de demolición sobre parte de la vivienda.

Además de Hidalgo, ex director general de Ordenación del Territorio Jaime Massot, el ex celador municipal Jaime Gibert y el ex abogado del Ayuntamiento de Calviá Ignaci Mir, comparecerán ante el tribunal para responder por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de un vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).

El ex alcalde, "pese a la imposibilidad legal procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar de Ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente", según el escrito de acusación del Ministerio Público.

Los demás acusados colaboraron, de alguna manera u otra, para permitir "la construcción de una vivienda unifamiliar, de 3.035 metros cuadrados, prohibida por disposición legal", añade la Fiscalía Anticorrupción.

Una de las incógnitas del juicio que se celebrará en la Audiencia de Palma es la actitud que adoptará el ex celador municipal Jaime Gibert, quien el pasado mes de febrero alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público para auto inculparse a cambio de penas de cárcel más benévolas.

Gibert se ha comprometido a decir "toda la verdad" durante el proceso judicial, a pesar de que algunos abogados del resto de imputados han cuestionado la validez de una confesión realizada tras un pacto de conveniencia por "su nulo valor jurídico y moral", han subrayado.

Éste el primer juicio de la causa abierta el 27 de noviembre de 2006, y que tras una compleja instrucción en el Juzgado número 12 de Palma ha sido dividida en 70 piezas, algunas de ellas, todavía, secretas.

Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio.

En un año de instrucción, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, y cuando estalló el caso, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.

El 'Caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Baleares, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.

Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.

El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.

Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.