Domingo 04 de agosto de 2013
El CIS hacía públicos este pasado viernes los datos del sondeo que revela cuáles son los problemas que más preocupan a los españoles. Nada nuevo, por cuanto paro y corrupción -que se asienta en segundo lugar, por encima incluso de la situación económica- siguen siendo los principales quebraderos de cabeza. No es para menos. Asuntos como los casos Bárcenas, ERE o el juicio a Iñaki Urdangarín están demasiado en el candelero -por méritos propios- como para que la ciudadanía no se percate de que algo falla. El PP cae ostensiblemente, el PSOE no remonta y, si bien ni un solo líder político llega al aprobado, las valoraciones de Rajoy -2,4- y Rubalcaba -3,1- reflejan bien a las claras cuál es el sentir de la ciudadanía.
El nivel de desconfianza llega al extremo de inferir que si algún partido no tiene casos de corrupción notorios en su haber es por su juventud o por sus reducidas dimensiones, nada más. Se duda -y con razón- de la clase política en su conjunto. No hay más que echar un vistazo al mapa de la corrupción para ver que rara es la comunidad autónoma en la que sus respectivos tribunales no tienen alguna causa abierta por delitos de esta índole. Y ello sucede en un país cuya vida cotidiana nada tiene que ver con la corrupción en su inmensa mayoría. Por eso la irritación es creciente.
El asunto es más grave de lo que parece, toda vez que el indicador de la corrupción en un país suele incidir en la imagen que de él se tiene en el exterior. Y la de España en este campo es manifiestamente mejorable. Urge, pues, abordar en profundidad una reforma del sistema de financiación de los partidos políticos y actuar de un modo mucho más firme contra los corruptos. Si todo sigue así, en breve podríamos asistir al deplorable espectáculo de aventureros que, como Beppe Grillo en Italia se beneficien del descrédito de los partidos oficiales y originen un problema de gobernabilidad.
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