UGT niega las evidencias

De forma análoga a otras muchas organizaciones políticas españolas de todos los colores -PP, PSOE de Andalucía, Unió Democrática de Catalunya…- el escándalo de la financiación irregular de la UGT no hace más que incrementarse cada día que pasa, acompañado de la consabida reacción de todas las formaciones involucradas en casos similares: negar la mayor frente a las evidencias y alzar la voz solo contra los escándalos que afectan a sus oponentes.
Ahora salen a la luz datos aún más palmarios sobre el fraude cometido. En este caso, el desvío del dinero del Fondo Social Europeo destinado a cursos de ayudas a desempleados, que ha ido a parar clandestinamente a revistas de propaganda y material para manifestaciones públicas. ¿Qué clase de moral puede conducir a dirigentes sindicalistas a realizar esta malversación? ¿Cómo es posible que pensaran que una trapacería de tal calibre pudiera pasar inadvertida sin estallar con todas sus consecuencias?

Son interrogantes aplicables por igual a los demás grupos políticos cogidos con las manos en la masa del modo más obvio. Un insensato sentimiento de impunidad colectiva parece que animó a todos ellos. Abiertos los casos, es imperioso destruir de una vez por todas ese sentimiento de impunidad, soslayando la tentación de ampararse unos a otros o, por el contrario, disimular el fraude propio magnificando el del adversario ideológico.
Antes de que las sentencias de los tribunales dictaminen la culpabilidad jurídica de cada asunto, la salud de nuestras instituciones requiere una tajante respuesta política a esta situación, imponiendo una auténtica trasparencia y definiendo otro modelo de financiación. En el caso de organizaciones sindicales como la UGT –sin olvidar a la CEOE- resulta bastante evidente que la reacción debe provenir de hacer que se financien por sí mismas con las cuotas de sus afiliados. Solo así será posible que sus anticuadas estructuras se adecúen a las circunstancias del siglo XXI. Todo lo que no pase por esta retirada de dinero público, provocará que los escándalos de malversación tengan un efecto más grave en la erosión de las instituciones.