Pensiones, el problema político

Nuestro sistema de pensiones está en peligro. Ni es una novedad -ya que se advirtió con gravedad de este asunto en los años 90’- ni es un problema exclusivo de España, sino que aqueja a todos los sistemas de reparto, sin excepción. El gobierno ha abordado una vez más una reforma de nuestras pensiones. Los sindicatos –que hace tiempo están en rebelión contra las matemáticas y las pirámides demográficas- han dicho que no se debe hablar de este asunto como un problema coyuntural, pues tienen miedo de que la crisis contagie a los legisladores y lleven la reforma demasiado lejos. El problema es otro. Por supuesto que el problema no es coyuntural, es estructural y a largo plazo, y por ello la reforma del sistema de pensiones ha de ser lo suficientemente importante.

El problema económico con los sistemas de reparto, es que cuando se habla de reforma, a lo que se refieren es a adaptar lo que se paga a lo que se puede pagar. Y lo que se puede pagar es cada vez menos, de modo que las reformas están encaminadas a reducir las pensiones, se diga o no se diga abiertamente. Pero el problema no es de las reformas, sino del sistema. Lo que ha planteado el Gobierno son dos reformas; es decir, dos recortes. El primero es la creación de un nuevo índice de actualización de las pensiones que no sólo tendrá en cuenta el IPC, sino que también considerará, entre otras cosas, la marcha de la economía o la salud financiera del sistema. Tiene un límite mínimo de crecimiento del 0,25 por ciento, y uno máximo del IPC más el 0,25 por ciento. Con este sistema, un año de inflación media o alta, pero que llevase a un aumento de sólo un cuarto de punto, llevaría a una pérdida real de las pensiones que sólo se podría recuperar en varios años buenos.

La otra reforma, o recorte, es el factor de sostenibilidad. No se refiere a la actualización de las pensiones de los jubilados que han adquirido su derecho, sino a los que se van a incorporar a él. Cuando se produzca este hecho, el Estado calculará los años que le quedan de vida y, en función de ello, calculará la cantidad líquida de la pensión. Si, por sus características, cree que le quedan 20 años, le pagará una pensión mayor que si cree que le quedan 30.

Pero el de las pensiones no es un problema económico, sino político. Porque esta reforma será válida mientras lo sea. Y si no rebaja lo suficiente las pensiones como para que sea sostenible, otros políticos tendrán que arbitrar una fórmula vendible ante los electores de hacerlo.