Ecologismo ramplon

Un novelista francés, y pedante por tanto, pero extraordinario escritor, Michel Houllebecq (“El mapa y el territorio”) describe con la ironía justa el ecologismo ramplón y de medio pelo, frívolo, oportunista, cansino y de vuelo corto que desgraciadamente ha sentado sus reales hasta en el sector público. Tras constatar Jed, el protagonista, que las cenizas de su padre debían ya flotar sobre las aguas del lago de Zurich e informarse, a través de Internet, que Dignitas (la agrupación eutanásica en la que el padre ingresó) había sido denunciada por una causa ecologista local, escribe: “En absoluto a causa de sus actividades; por el contrario, los ecologistas en cuestión se alegraban de la existencia de Dignitas, hasta se declaraban totalmente solidarios con su lucha; pero la cantidad de cenizas y osamentas humanas que vertían a las aguas del lago era a su juicio excesiva, y tenía el inconveniente de favorecer a una especie de carpa brasileña, recientemente llegada a Europa, en detrimento de la trucha roja y más en general de los peces autóctonos”.

La cita viene al caso por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara ajustado a Derecho el vallado de una franja de un puerto mientras se tramitaba la autorización para la captura de ejemplares del insecto “Pimelia Canariensis”. Resulta que durante la visita de inspección a las obras por parte de los responsables de un Observatorio Amiental se localizaron “tres ejemplares” del susodicho bicho y se recomendó que antes de meter maquinaria pesada “se proceda a la inspección de todas las piedras apropiadas como refugio de insectos grandes, por si pudiera haber algún otro ejemplar. De aparecer algún otro individuo (sic), se podrá colectar y soltar sin mayores riesgos para el insecto (son escarabajos muy resistentes) en una contigua playa o si se prefiere trasladarlo a los arenales de Montaña Roja, que es un espacio natural protegido, donde también habita la especie”. Naturalmente la autoridad competente tramitó ante la Consejería también competente el correspondiente expediente para conseguir los permisos para llevar a cabo la recomendación efectuada por el Observatorio.

Pero héte aquí que la autoridad competente no aportó todos los estudios y documentos necesarios y la Consejería se los requirió, sin paralizar las obras. A toda prisa la autoridad competente (que, desvelémoslo, era la portuaria) encargó al Observatorio el estudio interesado. Y en menos de un mes, lo elaboró con el título de “Viabilidad y propuesta de translocación de ejemplares de la primelia tinerfeña costera desde la zona de obras del puerto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja”. Subsanado el defecto, la Consejería autonómica dictó resolución autorizando la translocación de la especie (protegida), el escarabajo mugriento, para evitar que sufriera cualquier daño.

Pero a la asociación ecologista recurrente ante el Tribunal no le pareció suficiente porque conforme a la Ley canaria de especies protegidas y a la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, al estar el bichito en peligro de extinción, se debería haber adoptado un plan específico de recuperación in situ, en su propio hábitat.

Con una paciencia digna de pasar a engrosar el santoral junto a Job, el Tribunal, sin aspavientos, da la solución jurídica adecuada a la memez y le dice a la asociación ecologista que el hecho de que no esté de acuerdo con el sistema seguido para la conservación del insecto y lo considere una infracción jurídica “no es asimilable a los supuestos que la Ley Jurisdiccional y la jurisprudencia consideran como vía de hecho, noción que se refiere a aquellas actuaciones materiales que carecen de cobertura jurídica, por no disponer de título habilitante o los de exceso o desproporción en la actuación material”.

¡Cuánto tiempo hacen perder algunos a los Tribunales!. Y éstos sí, sin tasas ni condena en costas. Para la asociación defensora del escarabajo chicharrero –merecedor, en su escala de valores, de mayor protección que muchos humanos- pleitear les sale gratis.