Rajoy: una contestación, pero no una respuesta

El cruce de misivas entre Mariano Rajoy y Artur Mas a propósito del órdago secesionista es tan plúmbeo como improductivo. Concretamente, la contestación del Presidente del Gobierno es un conjunto de buenas intenciones vacío de contenido. Cargada de razones, eso sí, por cuanto condicionar cualquier actuación venidera al respeto a la legalidad vigente -esto es, a la Constitución- es un argumento que merece ser recalcado, por más que sea debido: cualquier funcionario público cometería un delito de no hacerlo. Un extremo que debe ser desarrollado, en general, y recordado al señor Mas, en particular.

Resulta evidente que un nutrido sector de la sociedad catalana es partidario del desafío nacionalista. En los términos que lo plantean, es manifiestamente ilegal. No así, en cambio, si la consulta se realizase en todo el territorio nacional: la eventual secesión de una parte de España compete al conjunto de ciudadanos españoles, no sólo a una parte. Ese sería el único modo de articular la consulta con arreglo a la ley, y es en lo que Rajoy pone el acento. Por eso, la contestación al señor Mas podía –y, en nuestra opinión, debía- haber sido aprovechada por el presidente Rajoy para dar respuesta cumplida a una de las principales falacias de la propaganda nacionalista: el pretendido –y supuestamente denegado- “derecho a decidir”. ¿Para cuándo dejan el gobierno y el PP, sin olvidar a otros partidos estatales, la contestación obvia a tamaña falacia?: que nadie, desde 1978, ha impedido en elecciones y en referenda decidir a los ciudadanos residentes en Cataluña, pero que lo que exigen los nacionalistas no es un derecho a decidir que ya tienen. Lo que exigen es un cambio del sujeto de soberanía: un cambio del todo por la parte. Y eso es otra cosa bien distinta. Algo que no es tabú y de lo cual se puede hablar, pero, eso sí, dentro y desde la Constitución, sin olvidar que, si vamos a trocear el demos en partes, ¿de qué partes hablamos? ¿por qué no dividimos por provincias?

En todo caso, la falta de respuesta del Presidente ilustra un déficit político fundamental y no sólo del Gobierno –que también- sino de todos los partidos que entienden la democracia española como una polis de ciudadanos libres e iguales, que no de territorios, condados y principados. Los demócratas españoles parecen avergonzarse de expresar un relato ciudadano alternativo a la bazofia nacionalista de “suelo, sangre y derechos históricos”. Y no será porque no lo tienen a mano. El Presidente actúa aquí como registrador de la propiedad que es, limitándose a no inscribir una ilegalidad. Pero el tema es también meta-jurídico. Ocurre que ahora el señor Rajoy es Presidente del Gobierno y, como tal, debe ofrecer soluciones a los problemas que se le planteen, y no limitarse únicamente a apelar al debido respeto de las normas. El tema de Cataluña, pues, no se arregla con una carta monitoria.