La corrupción como argumento parlamentario

El Congreso de los Diputados vivía ayer otra agitada sesión de control al Gobierno, con la corrupción como telón de fondo. Soraya Sáenz de Santamaría por el PP y Soraya Rodríguez por el PSOE se reprocharon mutuamente los casos Bárcenas y ERE, sin que ninguna de las dos fuese capaza de aportar nada constructivo a sus respectivos discursos. No es para menos. Los dos principales partidos del arco parlamentario se hallan inmersos en sendos casos de corrupción tan graves como inhabilitantes en lo que a autoridad moral para efectuar reclamación alguna se refiere. No son los únicos. Salvo UPyD -y quizá debido a su juventud- el resto de formaciones políticas están en mayor o menor medida salpicadas por algún escándalo.

Todo esto coincidía ayer con el anticipo hecho por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del nuevo paquete de medidas impulsado por el Gobierno para combatir la corrupción, y que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este próximo viernes. La Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector Públicos; la modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo o la reforma del Código Penal son iniciativas que, junto a la Ley de Transparencia -que el PSOE votó en contra, dicho sea de paso- buscan evitar que vuelvan a producirse escándalos como los que hoy toda la sociedad tiene bien presente. La corrupción ocupa un lugar destacado en el debate político porque su magnitud así lo requiere. Lo deseable sería que dicha magnitud fuese bajando enteros y que todas las energías consumidas en semejante lacra se pudieran emplear para salir de la crisis.