Caso Malaya, paradigma de corrupción

El caso Malaya no es otro más de los tantos -demasiados- de corrupción que corroen España. Políticos, empresarios, abogados y gentes diversas protagonizaron una suerte de saqueo sistemático y contumaz que acabó con la disolución del ayuntamiento de Marbella, siendo la primera vez que algo así sucedía en España. Ayer, en una sentencia de 5.500 folios, se condenaba a los principales imputados a penas de cárcel y económicas que si bien son inferiores a lo solicitado por el ministerio fiscal, ponen de relieve la gravedad de los hechos juzgados. Los 11 años de prisión de Roca, los 4 de Montserrat Cogulla y los 2 de Julián Muñoz deben ser un aviso a navegantes, amen de una prueba inequívoca de su comportamiento delictivo.

Lejos quedan ya los tiempos de impunidad y bonanza económica artificial, donde los polvos del ladrillo devinieron en los lodos de la actual crisis. Ahora se percibe todo aquello con una mezcla de distancia y repulsión, aunque hay que recordar que todavía quedan muchos casos pendientes de resolución judicial. No es revanchismo ni ejemplaridad, sino simple y llanamente la acción de la justicia. Los imputados por la trama Gürtel, los ERE andaluces o el caso Palma Arena, por citar sólo algunos de los más relevantes, pueden correr la misma suerte que los del caso Malaya. Y así debe ser. Aquí, además destaca el hecho de que parte de lo que se recaude con las sanciones económicas y el dinero recuperado revierta en el ayuntamiento de Marbella. Se trata así de reparar uno de los hechos inherentes a todo caso de corrupción, cual es la no recuperación del dinero -público en su mayor parte- detraído. Es, en todo caso, una sentencia que pone de relieve cómo no pueden volver a hacerse las cosas en el binomio urbanismo-ayuntamientos.