Referéndum: pedir y poder

Con una pizca de imaginación, otro tanto de responsabilidad y mutuo entendimiento (que es como decir ‘nunca’), España podría adoptar un sistema federal de democracia directa como Suiza. Teniendo en cuenta el volumen del electorado y por una simple regla de tres, bastarían unas 675.000 firmas para que una campaña popular desembocara en un referéndum nacional. Con más de 120.000 firmas depositadas la semana pasada ante la Cancillería Federal en Berna, los 5,2 millones de electores suizos serán consultados en un plazo de uno a dos años sobre la cuestión de instaurar un subsidio mínimo y universal de dos mil quinientos francos al mes para todos los ciudadanos legalmente residentes. No, no corran ustedes a preparar las maletas, que aquí no cabe ni un español más. Ya se superó el cupo. Habrá tiempo suficiente para presentar argumentos y contra-argumentos, para informar a la población, organizar debates y enfrentar posturas. Y, sobretodo, habrá tiempo de imprimir los carteles anunciando la votación, los cuales constituyen una joya del grafismo ilustrado propagandístico. A los ya célebres como el del minarete y el del corderito negro expulsado del redil, se suma el más reciente, por si no lo conocían: un puño firme enarbolando... ¡una salchicha!. Volviendo al tema del referéndum, la demanda de una cobertura mínima vitalicia, tanto para trabajadores como para no trabajadores, que vivan solos o en familia, estén activos o incapacitados, no deja de ser sorprendente, puesto que corre muy por delante de las leyes laborales y sociales de un país donde el despido es libre, apenas hay convenios colectivos, el seguro médico privado es obligatorio y no existe, de momento, un salario mínimo. ¿Será que el tufo de la precariedad que se respira en media Europa se empieza a percibir a este lado de los Alpes?. Si algo caracteriza al espíritu helvético es la previsión, lo que les blinda frente a situaciones de pánico o de estrés. Además son profundamente defensores de su estabilidad y de su modelo político-económico-laboral cuyo principio de base es la competitividad, el proteccionismo y la salvaguarda del empleo. Desconfían de la novedad y del cambio. En 2012 el referéndum que proponía pasar de cuatro a seis semanas de vacaciones pagadas se saldó con un aplastante ‘NO’, una notoria derrota para el movimiento sindicalista que lo había impulsado en aras del bienestar familiar y de la ‘conciliación’. Por tanto, una cosa es pedir (unos pocos) y otra muy diferente poder (para el bien de todos). La Confederación aceptó hace unos meses dar luz verde a otra consulta que propone instaurar un salario mínimo profesional de 4.000 francos al año. Sus defensores estiman que el 10 por cien de la población asalariada gana menos, las mujeres especialmente. Esta cantidad se considera el techo mínimo de dignidad aquí, donde el bocadillo de jamón y gruyère más barato de la panadería cuesta seis francos y un alquiler para una familia de recursos modestos ronda los mil quinientos. Por la misma regla de tres, calculadora en mano, a un mileurista español el bocata le debería costar poco más de un euro y su vivienda en torno a trescientos euros mensuales. ¿Cifras disonantes?... En fin, no pongamos el carro delante de los bueyes. Antes de ser interrogados sobre el subsidio universal y sobre el salario mínimo, el próximo 24 de noviembre se celebrará un referéndum con otra cuestión muy importante sobre la papeleta, a la cual el gobierno federal y el parlamento aconsejan mayoritariamente contestar ‘NO’, lo que podría cerrar el paso a los otros dos proyectos candentes. Se trata de apoyar o no la regla ‘1:12’ en los salarios de los directivos. Difícil imaginar que un presidente o director general de una empresa acepte rebajarse el sueldo hasta ‘solamente’ 12 veces más que su empleado de menor rango. Se daría el caso, por ejemplo, si una obrera empaquetadora de yogures en una fábrica durante 42 horas por semana ganase unos improbables cuatro mil francos mensuales, mientras que el director general de la multinacional cobrase cuarenta y ocho mil (sumémosle algún bonus, de propina). El despropósito de esta iniciativa cae por su propio peso: los patrones de las grandes compañías vinculadas al Estado como los ferrocarriles, la telefonía o los correos cobran más de un millón de francos al año; y más de dos, cuatro o seis se embolsan por su parte los dirigentes de las multinacionales privadas y los responsables de los grandes bancos. Los altos cargos políticos rondan el medio millón (a diferencia de los nuestros, son por lo menos trilingües). Los sectores más liberales defienden a ultranza la competitividad de salarios para atraer a los mejores managers (dixit: atraer la implantación de negocios que se benefician de condiciones fiscales preferentes en Suiza y que además son generadoras de empleo y de riqueza). Temen asímismo que la aprobación del salario mínimo repercuta de manera negativa en los empleos poco cualificados, entre los cuales la externalización y la automatización vendrían a compensar el coste adicional en detrimento de los trabajadores. Ni siquiera en un país de larga tradición ‘referendista’ como Suiza queda demostrado que las consultas populares sean eficaces, ni que vayan en el mismo sentido que las iniciativas populares que las originan. No obstante tiene su mérito que el pueblo confederado se haga entender libremente y sin sobresaltos delante de las urnas.