Domingo 20 de octubre de 2013
La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, pedía ayer que compareciese Rajoy en sede judicial para explicar la supuesta contabilidad B del PP, tal y como había hecho el día anterior María Dolores de Cospedal. Abundaban en este argumento más dirigentes del PSOE, sabedores del desgaste que este asunto produce en el grupo popular. Con todo, hay que ponderar las cosas en su justa medida: de lo que ayer se hacía eco la práctica totalidad de medios en España era de las declaraciones de un presunto delincuente como es Luis Bárcenas -declaró por videoconferencia desde la cárcel-, que acusó sin pruebas y justo por eso comparecía el pasado jueves ante el juez.
Todos los indicios apuntan a que las cuentas del PP han estado plagadas de irregularidades, para decirlo de manera suave. Será la justicia, en todo caso, quien lo determine, al igual que si María Dolores de Cospedal percibió o no sobresueldos “en B”. Bárcenas reiteraba ayer que no disponía de pruebas; y en un estado de derecho, toda acusación ha de ir refrendada por una prueba. La situación es muy diferente a la polémica que asistimos en el Congreso el pasado agosto: en el Parlamento no se juzga; se piden responsabilidades políticas y allí la oposición estuvo en su papel, mientras que el Gobierno flaqueó de manera notoria. Otra cosa es el juzgado: aquí las acusaciones hay que probarlas o arriesgarse a que a uno le condenen por calumnias e injurias. Es posible que Cospedal haya actuado judicialmente con celeridad por saber de primera mano que no hay recibís que la puedan comprometer. Si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, habrá ganado algo de crédito a nivel particular. Sin embargo, eso no bastaría para restañar las heridas de un partido que ha estado durante demasiado tiempo a merced de los manejos de Bárcenas. De él y de quienes sacaron partido de ello y que, por consiguiente, ahora deberían afrontar las consecuencias de sus actos.
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