España estudiará caso por caso la liberación de presos beneficiados por Estrasburgo

Los presos a los que podría beneficiar la resolución de Estrasburgo no saldrán sí o sí de la cárcel. La Fiscalía estudiará las particularidades de cada caso, tanto el de los 61 miembros de ETA como el de otros asesinos y violadores, entre los que se encuentran Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser, o Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años por 74 violaciones entre 1990 y 1993.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo este martes que la Fiscalía estudiará de forma individualizada caso por caso si procede aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. Aclaró que a su juicio la resolución del TEDH no cuestiona la doctrina Parot sino la manera de aplicarla retroactivamente y que no establece un marco general sino que resuelve un solo caso, al exigir la excarcelación de la etarra Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de cárcel por veinticuatro asesinatos.

Torres-Dulce insistió en el hecho de que la Fiscalía haya apoyado en este caso la aplicación de la sentencia del TEDH no significa que vaya a ser así en todos los supuestos. Explicó que el Ministerio Fiscal no pondrá dificultad a la ejecución de la resolución del TEDH cuando así lo decida el órgano judicial español correspondiente. No obstante, insistió en que la Fiscalía no hará una "categorización general" de la sentencia sino que esperará a analizar cada caso concreto para decidir si procede o no su aplicación.

Violadores, asesinos y presos etarras, los beneficiados por el fin de la Parot
Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor es uno de los 61 reclusos de la banda que podían salir de la cárcel tras derogarse la doctrina Parot. A ellos se añaden una decena de delincuentes con tres o más condenas como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser.

Seis meses después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) analizara el recurso de España contra el fallo del tribunal, -en julio avaló excarcelar e indemnizar con 30.000 euros a la etarra Inés del Río-, los 17 magistrados de la Corte Europea han rechazado la petición de la Abogacía del Estado. De esta forma, vuelven a dar la razón a Del Río, miembro del "comando Madrid" condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos.

Su puesta en libertad estaba prevista en julio de 2008. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional decidió que saldría de prisión en 2017 en aplicación de la doctrina Parot, avalada dos años antes por el Tribunal Supremo. Una jurisprudencia -toma su nombre del etarra Henri Parot- que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel. Y aunque Estrasburgo solo ha dictaminado sobre el caso Del Río en la práctica su decisión tendrá consecuencias en todos aquellos supuestos que se encuentran en la misma situación jurídica que Del Río, si bien son los tribunales españoles los que tienen que aplicar lo que dicta la corte europea.

Entre los beneficiarios figuran además de los mencionados, una lista de más de 60 presos etarras, seis miembros de los Grapo, o quince delincuentes con tres o más condenas. De los presos etarras que recurrirán su puesta en libertad de inmediato están Juan José Zubieta, condenado a 1.309 años por el atentado en 1991 contra la casa cuartel de Vic (Barcelona) que causó la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niños.

También Juan José Legorburu "Txato", condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta (Vizcaya) en 1979; Juan Carlos Arruti "Paterra", que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos, o José Antonio López "Kubati", condenado, entre otros atentados, por el asesinato de la etarra "Yoyes". Santiago Arrospide "Santi Potros", jefe del aparato militar y condenado como inductor del atentado de Hipercor, o Juan Lorenzo Lasa Mitxelena "Txikierdi", con seis asesinatos y 374 años de condena, también figura entre los 61 presos.

De la derogación de la doctrina Parot también podrán beneficiarse criminales como Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años de prisión por 74 violaciones entre 1990 y 1993, conocido junto con Antonio Barroso como los "violadores del portal" porque agredían a las mujeres cuando entraban en sus domicilios. Otro ejemplo es el de Juan Manuel Valentín Tejero que secuestró, violó y asesinó a la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid).

El pasado mes de marzo el Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia de Valladolid de que Valentín Tejero cumpliera cárcel hasta 2025 en virtud de la doctrina Parot, aunque inicialmente su condena (50 años) quedaba extinguida en marzo de 2012. Figuran también Pedro Gallego, el violador del ascensor, con 18 violaciones y dos asesinatos, o Miguel Ricart, uno de los autores del asesinato de las tres niñas de Alcàsser condenado a 170 años de prisión.

Además de estos, podrían ser excarcelados siete miembros de los Grapo, entre ellos Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Gijón en 1989. Lo mismo ocurriría con Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando de los GAL que asesinó a un ciudadano francés en 1985, o con Josefa Rodríguez Porca, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego (EGPG) y condenada a 84 años de prisión por el asesinato de un guardia civil en 1989.