El cambio en la petición de pena puede suponer la prisión efectiva para Massot

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han pedido dos años de prisión por prevaricación urbanística y otros dos por un delito contra la ordenación del territorio contra el ex director general, en la pieza que juzga la construcción de un chalé en un terreno del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, ubicado en un área rústica protegida.

Fuentes jurídicas han explicado que la pena de dos años, como la que era reclamada para Massot antes de la celebración del juicio oral que empezó el lunes, no suele suponer el ingreso efectivo en prisión para una persona sin antecedentes penales.

De hecho, según las mismas fuentes, los dos años son el límite legal que implica el ingreso o no en prisión.

Tanto el escrito de la Fiscalía como el de la acusación particular coinciden además en especificar que en el caso de la condena de Massot procede "imponer el cumplimiento de las penas por separado" dado que se trata de delitos independientes, en los que la comisión del uno no implica necesariamente la del otro.

La petición de diez años de inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración estatal, local o autonómica, por prevaricación, y la de tres años para la promoción o construcción urbanística, es también significativa en el caso de Massot, arquitecto técnico de formación, especialista en Urbanismo y que siempre ha estado vinculado profesionalmente a este ámbito.

La reducción de pena para el ex inspector municipal de obras de Andratx Jaume Gibert ha sido la más significativa, al pasar de 9 años de prisión a 4 meses, multa de 60.000 euros y 18 meses de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, al suprimir de la acusación los 6 años de cárcel por falsedad.

El cambio en las calificaciones referidas a Gibert se han producido tras el acuerdo alcanzado entre éste y la Fiscalía. En la vista del lunes y en el escrito presentado este miércoles, el ministerio público ha explicitado la colaboración de ex celador municipal en el esclarecimiento de este caso y "de otros" de los que no se tenía conocimiento.

La Fiscalía ha manifestado en su escrito final que Gibert confesó ante la autoridad judicial su intervención en los delitos que se investigaban y dio información "para el descubrimiento de nuevos delitos que hasta entonces no se conocían".

A pesar de elo, uno de los peritos de la defensa, Jaume Munar, ha defendido la legalidad de la construcción de Hidalgo, ya que en su caso no era aplicable el decreto 147/2002, que es el que determina la necesidad de un informe preceptivo de la autoridad pertinente (Conselleria de Agricultura) para obtener licencia de obra, porque el proyecto del ex alcalde sólo preveía realizar una ampliación de una construcción, no una edificación nueva. "Había un edificio existente" ha insistido Munar.

En la vista que comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Palma diversos testigos han explicado aspectos "irregulares" en la gestión urbanística del ayuntamiento mallorquín de Andratx y dos de ellos han revelado que acudieron al despacho de la defensa del ex alcalde Eugenio Hidalgo para preparar su declaración en el juzgado durante la instrucción de la causa.