Jueves 31 de octubre de 2013
Tras un prolongado litigio, la Corte Suprema argentina ha emitido un dictamen definitivo sobre la Ley de Medios Audiovisuales declarándola constitucional. La sentencia llega inmediatamente después de las elecciones legislativas, que han supuesto una acusada pérdida electoral para el “kirchnerismo”. Se trata de un auténtico balón de oxígeno para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su partido, el Frente para la Victoria, que diseñaron esta ley para asfixiar a los medios de comunicación que fueran disidentes con su línea política, y muy especialmente el comandado por “Clarín”, que irrita profundamente a la actual presidencia, muy proclive a la soberbia y al ordeno y mando.
Que la letra de la Ley de Medios Audiovisuales no entre en colisión con las normas constitucionales, no quiere decir que en su aplicación práctica no se vaya a ejercer contra la pluralidad informativa y el espíritu de la democracia republicana. “Clarín” había impugnado ante la Corte Suprema cuatro artículos clave de la nueva normativa cuyo uso autoritario por el actual Gobierno podrá tener efectos gravemente lesivos contra la libertad de opinión. En defensa de esta, las empresas amenazadas han iniciado los trámites para recurrir a tribunales supranacionales. Una decisión que hoy se muestra con una determinación urgente, dada la trascendencia de los principios democráticos que andan en juego.
Más allá de la letra de la Ley de Medios Audiovisuales, la Corte Suprema ha acompañado su sentencia con un conjunto de recomendaciones para garantizar que su aplicación no dañe los valores de una información plural. Recomendaciones que el actual Ejecutivo de la Casa Rosada incumple sistemáticamente con arreglo a criterios puramente sectarios.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), encargada de las licencias, debería ser un órgano técnico e independiente, en tanto que en la realidad está dirigido y ocupado por militantes del Frente para la Victoria kirchnerista. Esa perversión del espíritu de la ley se acompaña de innumerables corruptelas, desde la publicidad gubernamental facilitada exclusivamente a los medios afines hasta la absoluta falta de pluralidad de los medios públicos, que se recrean en la loa diaria del régimen kirchnerista.
La versión oficial, los datos manipulados, el relato del poder son así hegemónicos, contraviniendo el conjunto de recomendaciones de la Corte Suprema. Si los reductos informativos que discrepan frente a la distorsión permanente orquestada por el Gobierno fuesen finalmente amordazados, la ciudadanía argentina se encontraría con una democracia aún más seriamente degradada.
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