El ejemplo de Canal Nou

El gobierno autonómico valenciano ha optado por cerrar su televisión pública, ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que tumbaba el ERE y, en consonancia, obligaba a readmitir a los más de 1000 trabajadores afectados. A la Generalidad no le ha quedado más remedio que actuar de esta forma, habida cuenta de la imposibilidad que suponía hacer frente a los gastos de personal de semejante plantilla. Máxime, con la deuda que arrastraba el ente público valenciano, por lo demás desmesurada.

A día de hoy, no hay una sola televisión pública autonómica rentable. Antes al contrario, son auténticas trituradoras de dinero público, con un coste anual que se aproxima en total a los mil millones de euros. Huelga decir lo útil que sería destinar semejante partida a educación, sanidad o gasto social, en lugar de servir de altavoz político de las diferentes taifas autonómicas. Aquí no hay distinción partidista: CIU y PNV en Cataluña y Euskadi, el PSOE en Andalucía y el PP en Madrid Valencia han hecho de TV3, ETB, Canal Sur y demás sus respectivas correas de transmisión ideológica, con cargo a los bolsillos de todos. La dramática situación que ahora atraviesan los trabajadores de Canal Nou es responsabilidad exclusiva de una clase política que sigue tirando con pólvora del rey en lo que se refiere al despilfarro de dinero público. Y el resultado a la vista está.