Sábado 16 de noviembre de 2013
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro detallaban ayer el mecanismo arbitrado por el Ejecutivo para el pago a proveedores. Concretamente, Cataluña recibirá 1.489 millones de euros de los 5.400 presupuestados para el conjunto de España. O lo que es lo mismo, Cataluña será, con diferencia, la comunidad autónoma más beneficiada con la inyección de dinero público. Ha estado acertado el ministro de Hacienda al bromear con el eslogan “España nos roba”, señalando que tal cosa es tanto como “decir que nos robamos a nosotros mismos”.
José Manuel Lara Bosch iba por el mismo camino hace pocas fechas cuando se preguntaba quién pagaría las pensiones, los subsidios y tantas otras cosas en el caso de una eventual secesión de Cataluña; por no hablar de la fuga de capitales que se originaría y la deslocalización de empresas que se produciría. A propósito de esto último, conviene recordar el caso de Canadá y el referéndum de Québec; a raíz de su celebración, el dinero huyó del país y tardó en regresar, pero, al fin, lo hizo, a canadá en general, a excepción de Québec, que no ha vuelto a tener ni por asomo el mismo porcentaje de inversión que poseía antes de su aventura secesionista. Los proveedores catalanes a quienes la administración les adeuda importantes sumas de dinero podrán empezar a cobrarlas gracias al esfuerzo fiscal de todos los españoles. Y eso es algo que el nacionalismo catalán debería explicar.