Chile en la encrucijada constitucional

El retorno electoral de Michelle Bachelet ha creado enormes expectativas en Chile, aunque la primera de ellas acaba de frustrarse: no ha logrado la elección fulminantemente y deberá aguardar a la segunda vuelta del próximo 15 de diciembre. Si las expectativas de su programa reformista también se malograran, Chile entraría en una polarización frentista que terminaría con su estabilidad política actual.

El programa de reformas expuesto por Michelle Bachelet en su campaña electoral contiene transformaciones de gran calado que suscitan profundas discrepancias y oposición radical en los grupos políticos situados a su derecha e izquierda. En los últimos días de la campaña, la enorme popularidad de Bachelet no solo creó la ilusión de una victoria personal en esta primera vuelta superando hipotéticamente el 50 % de los voto -cuestión de hecho, secundaria-, sino que generó la aspiración de obtener un número de escaños tanto en el Congreso como en el Senado que permitiese una reforma de la Constitución chilena contando exclusivamente con sus propias fuerzas y sin tener que negociar con grupos de la oposición.

Ninguno de los dos casos ha ocurrido. El asunto de la presidencia de la república no plantea mayores dificultades, ya que la segunda vuelta de diciembre está virtualmente ganada por Bachelet, que volverá con toda seguridad a la Casa de la Moneda. Mucho más complicado es la representación parlamentaria, ya inamovible. Los partidos que respaldaron a la líder socialista han incrementado su presencia en las Cámaras, pero la derecha que ha apoyado a Evelyn Matthei no se ha desplomado como algunos auguraban y retiene una fuerza parlamentaria lo suficientemente amplia como para obligar a negociar -o incluso bloquear- los cambios más drásticos planeados por Bachelet.

Este es el conflicto político más espinoso que se avecina. Michelle Bachelet colocó en el centro de su campaña electoral una transformación de la Constitución chilena, acompañada de modificaciones radicales en el sistema educativo y una supresión de las gobernaciones provinciales. Los objetivos de la aspirante a la Casa de la Moneda son muy distintos a otros muchos cambios constitucionales experimentados en Hispanoamérica en los últimos lustros -casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador-, cuyo propósito era alargar los mandatos presidenciales y conceder a los presidentes electos un nuevo poder autoritario con el que laminar derechos democráticos. Las propuestas de Michelle Bachelet se dirigen en otra dirección -en algunos casos, en una dirección opuesta-, al margen de cualquier tentación autoritaria. Su planteamiento es rectificar desde dentro la Constitución instaurada por el general Pinochet, para agilizar trámites legislativos en las Cámaras, y muy especialmente, para abrir un espacio a nuevos derechos ciudadanos sometidos a una profunda controversia. Con la Constitución actual en la mano, queda fuera de la ley cualquier normativa relativa al aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual.

Para legislarlos, Bachelet necesita hacer una reforma constitucional que dé cabida jurídica a esas leyes. Si logra introducir en la actual Constitución un derecho a la intimidad sexual y reproductiva, creará el ámbito para que una ley sobre el aborto sea constitucional. Si encaja en la Constitución un derecho a la integridad física y psíquica, de forma indirecta logrará que una ley sobre la eutanasia resulte constitucional. O bien, si incluye un derecho igualitario al matrimonio y a fundar una familia, se podría redactar una legislación sobre el matrimonio homosexual que no vulnerase la Constitución. Otros derechos se orientan a disponer de una vivienda digna o de una educación universal gratuita.

De haber obtenido el mínimo de parlamentarios que le concedían algunas encuestas, Bachelet habría podido imponer estas transformaciones sin negociarlas con los partidos a su derecha. Ahora, no. Con los resultados reales se ve obligada a entrar en una negociación sobre temas que la derecha chilena no considera pertinentes, abriendo un periodo de confrontación radical donde se podría desestabilizar el equilibrio político y económico ejemplar del que ha disfrutado Chile en los últimos tiempos. En su primera legislatura, Michelle Bachelet demostró grandes dotes de empatía con la población y un estilo de Gobierno pragmático, basado más en el reformismo gradual y el consenso que en ningún sectarismo doctrinario, cualidades todas que están en la base de su actual extraordinaria popularidad. Si en su segunda etapa presidencial continúa en esa misma línea de actuación, puede llegar a acuerdos para sacar adelante algunas de sus reformas. Pero eso sería olvidando su programa de máximos y relegando promesas de transformaciones para otros tiempos y otros presidentes. Hacer esto conseguiría instaurar reformas sin desestabilizar el boyante crecimiento económico chileno de hoy, pero al mismo tiempo generaría una considerable frustración en parte de su electorado más a la izquierda y sembraría los cimientos de un frentismo izquierda-derecha que ya parecía olvidado en el país.

En el caso de que la nueva presidenta no alcance acuerdos con la oposición para su reforma constitucional, o la vea directamente bloqueada por la derecha, la otra gran opción de Bachelet es convocar una Asamblea Constituyente para crear una Carta Magna de nueva planta. Es la vía que ya hoy le exigen todas las formaciones políticas a su izquierda. No es la alternativa más grata a su personalidad, pero Bachelet no ha descartado esa posibilidad, solo la ha dejado como último recurso. La convulsión frentista, llegado ese momento, podría desencadenar una auténtica desestabilización y retornar a épocas de confrontación que parecían superadas en el exitoso Chile del siglo XXI.

El reto está lanzado y no cabe pensar en una marcha atrás. De producirse este dilema, las fuerzas políticas de cualquier color pueden optar por un camino de compromiso y de renuncia a sus programas de máximos, de modo que el país asuma solo las reformas consensuadas por una inmensa mayoría de la población. La otra posibilidad es dirigir a la nación hacia una colisión ideológica que traiga consigo una agitación social de consecuencias impredecibles, algo que ya se perfila en el horizonte del medio plazo si entre todos no logran conjurarlo.