Sábado 30 de noviembre de 2013
La disputa fronteriza entre Nicaragua y Colombia se enquista a pesar de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuya aplicación el Gobierno colombiano ha ignorado. La tensión entre ambos países ha vuelto a incrementarse a raíz de la nueva demanda de Nicaragua en la misma Corte Internacional de Justicia con el fin de que se juzgue a Colombia por la intimidación y uso de su fuerza aérea y buques desplegados en el Caribe para impedir la navegación de embarcaciones nicaragüenses en las aguas territoriales que el Alto Tribunal les ha asignado. Los presidentes de las dos naciones han sido muy sinceros estos días ante la escalada en las presiones diplomáticas y militares entre ambas.
El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se ha despachado con un exabrupto: “Ese fallo no lo vamos a aplicar, así de sencillo”, acaba de anunciar, a la vez que aumentaba el control de su Armada en una zona que La Haya ha considerado jurisdicción nicaragüense. Desde Managua, el presidente Daniel Ortega ha respondido que por ahora no declara la guerra porque sencillamente no tiene el armamento necesario para ganarla.
El pulso entre ambos países seguirá así asfixiando el desarrollo económico de un área con una extraordinaria riqueza natural que, sin embargo, no llega a sus empobrecidos habitantes. El desplante de Bogotá contra el Tribunal de La Haya no tiene sentido, cuando aceptó someterse a su sentencia y cuando ha visto refrendada su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas dotadas de una enorme proyección turística y de valiosos yacimientos que los litigios dejan en el abandono.
Por su parte, Nicaragua no debería utilizar su victoria legal para alimentar el odio al enemigo externo como estrategia para ocultar graves problemas internos. Tendría que asumir que la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya exige reformas de acuerdos internacionales y admitir la firma de un tratado que Colombia le ofrece. Las aguas del Caribe occidental no deberían estar sometidas a ninguna clase de tensión militar. Es una zona cada vez más estratégica para la delincuencia organizada a gran escala en el tráfico de inmigrantes ilegales, armas y narcotráfico, y merece una colaboración internacional exhaustiva que impida el arraigo de esas lacras.