Por qué no queremos a nuestros políticos (y debiera preocuparnos)

Llamé a mi amiga de Nevada para desearle un plácido Thanksgiving y saber qué vino había elegido este año para acompañar el pavo. Tras años de pugna con sus gustos afrancesados ha acabado por reconocerme que riojas y riveras son cosa sería. Pero no estaba de humor, más bien estaba furiosa. Bastante. A primeros de octubre le llegó, como a millones de americanos, la notificación de su compañía explicándole que el seguro de salud que hasta ahora tenía no se ajustaba a las disposiciones de la Affordable Care Act, vulgo OmabaCare, la ley de universalización de la sanidad con la que Obama quiere pasar a la historia y que, además de abrir un boquete que tiende a agrandarse en la popularidad del presidente y los demócratas, ha descoyuntado el mercado de seguros de salud. El de mi amiga es caso típico de lo que ha ocurrido en muchas familias de clase media. El seguro que tenían suscrito hace casi treinta años ella y su marido pasa a costar más del doble e incluirá prestaciones que no quieren y que presumiblemente nunca utilizarán. Además no podrán seguir con su médico de toda la vida. Esto era para ella casi lo peor, porque Obama, entre la inconsciencia (cada vez parece estar más claro que no sabía lo que tenía entre manos) y la fullería dijo con toda solemnidad que quien quisiese su seguro y su médico podría conservarlos sin problema bajo la nueva ley. Ella, que hizo campaña por Obama en sus dos elecciones y defendió siempre el ObamaCare, se sentía decepcionada y engañada. “Mintió como todos” y “nuca puedes fiarte del gobierno, no les importamos nada”, fueron las frases que resumían su conclusión sobre el asunto. No era momento de decirle que también ella, tan cultivada y tan informada, tan especialmente interesada en política, suscribía la actitud creciente de desconfianza y escepticismo hacia los políticos y de desafección hacia los gobiernos que se advierte por doquier.

Que los políticos suelen faltar o la verdad o retorcerla tanto que deja de serlo, es una de esas convicciones de sentido común que la evidencia confirma casi a diario. Si aunque siempre se ha dado por supuesto y ahora se insiste más en ello es porque los propios políticos han hecho mucho para convalidarlo, y también porque la dinámica informativa de cascadas de mensajes simplificados y cruzados deja poco margen al matiz y la ponderación, facilitando la conclusión de que aquello que no ratifica la propia composición de lugar o los propios prejuicios es falso y procede de voluntad deliberada de engañar. La suspicacia hacia los gobiernos y las instituciones, la merma de confianza en su eficacia, ecuanimidad e intenciones reales es, por su parte, un fenómeno del que los politólogos vienen dando cuenta desde hace años, en el fondo independiente de la coyuntura de frustración de expectativas de estos últimos años de crisis económica, y que se registra en todos los sistemas democráticos, de mayor o menor solidez, y países industrializados. Hace pocos días se ha hecho público un informe de Gallup para la OCDE relativo a 2012 sobre este asunto (“Government at a Glace 2013”). En los principales países de la Organización, sólo el 40% de las personas, como promedio, confían en sus gobiernos. En 2007 ese porcentaje era del 45%. Los contrastes son abismales, pues mientras en Suiza el 80% de la población encuestada confía en su gobierno y no hay síntomas de deterioro en esa actitud, en Grecia sólo el 12%, veinticinco puntos menos que en 2007. Junto a Suiza países como Suecia, Indonesia y China presentan registros de incremento en la confianza en el gobierno, pero es obvio que casos como estos últimos hay que tomarlos cum grano salis. Raramente es posible distinguir entre las instituciones en sí y quienes las gestionan y las representan, de modo que las opiniones sobre el personal político están en estrecho paralelo. Una encuesta de OpinionWay en Francia la pasada primavera, bajo el efecto del affaire Cahuzac, arrojó que si sólo poco más de un tercio de los encuestados confiaba en las instituciones políticas, quienes suponían que los políticos son en su mayoría corruptos alcanzaban el 77%. Poco antes, en Rusia, un sondeo quizá técnicamente algo cuestionable, encontró que sólo para el 10% de los encuestados los políticos se interesaban realmente por el bienestar de la población. También por entonces, en abril de este año, otra encuesta de Gallup en los Estados Unidos establecía que ninguno de los cuatro líderes republicanos y demócratas en Congreso y Senado merecía más opiniones favorables que desfavorables, llegando éstas casi al 50% en el caso de la representante demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi. Los ejemplos, con datos finales de similar significado, son incontables.

La interpretación de los mismos es, sin embargo más compleja, y tendría que hacerse a la luz de múltiples factores. Sin duda, las circunstancias de los últimos años introducen elementos de acentuación y extensión de esas actitudes, pero se trata de una tendencia ya de larga duración. Una de sus causas puede estar en el incremento en las sociedades occidentales de los sectores de población con nivel de estudios alto y más acceso a información (los grupos de población más escépticos son en todas las muestras los de mayor renta y mayor nivel formativo); pero quizá la cuestión de fondo radique, más que en los políticos en sí (seguramente no mucho peores que en otros tiempos aunque quizá menos discretos) o en la ineficiencia de las administraciones, en las expectativas de la población alimentadas por los propios políticos y las propias administraciones, en la escalada sin fin de promesas del Estado providencia. Y eso es lo preocupante porque la frustración de expectativas ha sido siempre caldo de cultivo de la inestabilidad política, de los populismos y de los demagogos autoritarios.