"¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este sea independiente?" Son las dos preguntas, las once palabras de la consulta, la que nunca se va a celebrar, dice Mariano Rajoy. En caso de que sí ocurra, un político muy implicado en todo este asunto afirmó ya en 2010 que la validez jurídica del resultado es nula. Un tal Artur Mas.
Artur Mas lleva un tiempo atrapado en un punto de no retorno. Se comprometió ante sus votantes, cada vez menos, a
descoser Cataluña de España. Eufórico tras la Diada de 2012, creyó tener en la secesión su razón para trascender, para ser el presidente que hizo realidad el sueño del independentismo.
Sin embargo, allá por 2010, gobernaba el socialista José Montilla, sus aspiraciones eran otras. He aquí una de las grandes incógnitas de toda esta historia:
en qué medida le ha movido la ambición política y en qué medida sus propias convicciones. EL IMPARCIAL tuvo ocasión de
entrevistarlo aquel año y esta fue su respuesta preguntado acerca de su postura en relación con las consultas soberanistas:
Soy defensor de que se hagan porque no me da miedo que la gente pueda ser consultada y mucho menos sobre el futuro de Cataluña. Una de las grandezas de la democracia es que la gente pueda expresar su opinión y todo lo que sea consultar a la gente es positivo. Otra cosa es si estas consultas tienen trascendencia jurídica o no, es evidente que no la tienen, es un acto testimonial y más nacido del sentimiento, pero eso no es malo. Nadie está obligado a participar y nadie está obligado a decir que sí o que no, no hay una consigna para que la gente se exprese en un sentido determinado."Otra cosa es si estas consultas tienen trascendencia jurídica o no, es evidente que no la tienen". Conviene incidir en este extracto de la cita porque es el argumento que hoy se escucha a dirigentes y partidos contrarios a la iniciativa que encabezan convergentes y republicanos. Aunque se consumara el desafío, aunque los catalanes acudieran a las urnas para decir sí o no a una Cataluña fuera de España, aunque el resultado fuera positivo para los intereses de los convocantes, ¿qué sucedería después?
Mariano Rajoy se niega. No ocurrirá, asegura. Tiene de su lado a Alfredo Pérez Rubalcaba y el Consejo de Estado a su disposición para que le dicte el camino a seguir, aunque debiera bastar, a tenor de las sucesivas manifestaciones del Ejecutivo, con la Constitución. El Poder Judicial también se pronunciará si la ruta que conduce al 9 de noviembre de 2014 mantiene destino y velocidad. Hay quien pide la aplicación del
artículo 155 de la Carta Magna, aunque se contempla como último recurso.
Lo que nadie echará abajo ya es el rifirrafe, el intercambio de flores Generalitat-Moncloa. Ni Mas ni Rajoy piensan moverse del sitio. Tiene mérito lo del primero, al que se le cayó hace algunos días el PSC y al que este empeño le ha costado asimismo dejar en vilo la coalición entre CDC y Unió. O que Oriol Junqueras, compañero de viaje, le haya superado en intención de voto. O que la Unión Europea y la OTAN le cierren la puerta. Pero sigue adelante. Por aquello del punto de no retorno.
El pulso, desigual, está servido. El aparato del Estado y las principales formaciones frente a un presidente autonómico que pierde puntos de apoyo y consciente aún, se supone, de que su principal apuesta, aún alcanzándola, carece de "trascendencia jurídica".