Se acaban de celebrar las conmemoraciones por los 30 años del retorno de la democracia a Argentina, en el peor contexto imaginable para unos festejos marcados por los disturbios y saqueos que se extienden por todo el país, dentro de un clima de violencia social y de luto por los fallecidos.
El 10 de diciembre de 1983, tras una ignominiosa dictadura militar y una guerra en las islas Malvinas, Raúl Alfonsín pudo jurar su cargo como presidente restituyendo el funcionamiento democrático de las instituciones republicanas. Unos días después, Jorge Luis Borges se retractaba en un artículo en el diario “Clarín”, titulado “El último domingo de octubre”, de sus anteriores posiciones antidemocráticas donde había sostenido que “la democracia es un abuso de la estadística”. En diciembre de 1983, después de siete años de terror castrense, Borges se desdecía con toda sinceridad de aquella creencia afirmando: “La democracia argentina me ha refutado espléndidamente. La esperanza, que era casi imposible hace días, es ahora nuestro venturoso deber. Es un acto de fe que puede justificarnos. Si cada uno de nosotros obra éticamente, contribuiremos a la salvación de la patria.”
Tras el reciente revés electoral y los oscuros problemas de salud que la apartaron del ejercicio del cargo, la presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, planificó la efemérides de estos 30 años de vuelta a la esperanza como un baño de multitudes que sirviese de cortina de humo para olvidar esos aciagos momentos y pusiese en escena un aparente cambio de actitud del kirchnerismo después de las últimas remodelaciones del Gobierno en las que se amaga la reconciliación con la extensa nómina de agraviados por un empleo del poder personalista y prepotente. Con ese objetivo se invitó a las ceremonias a los familiares del fallecido Raúl Alfonsín y a los expresidentes de la etapa democrática Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Muy pronto, este gesto de reconciliación comenzó a mostrar su propósito meramente estratégico cuando el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, sugirió posponer el boato de los festejos ante la gravedad de los tumultos sangrientos que se extienden por la geografía argentina. La argumentación de Ricardo Alfonsín contenía un espíritu de auténtica solidaridad democrática, al exponer que “ante los hechos que están ocurriendo en el país, me pregunto si no es más saludable aprovechar este acto formal de la recordación para suscribir entre el Gobierno y todos los sectores políticos un compromiso de defensa de la democracia y sus instituciones y de trabajar sin especulaciones para asegurar la paz interior.”
Una mano tendida y una sensata propuesta de colaboración ante las circunstancias trágicas vividas que cayó en un desdeñoso saco roto. Nadie iba a aguar la fiesta preparada en los salones del Bicentenario junto a la Casa Rosada y retransmitida a través de inmensos paneles a la Plaza de Mayo repleta de miles de seguidores. Cristina Fernández bailó, cantó, junto a los artistas e incluso tocó instrumentos de percusión con ellos, involucrándose en los números más festivos y folclóricos más allá de su papel institucional, y obviando por completo la más de una decena de muertos causados por los saqueos, para cuyas familias no tuvo la más mínima palabra de consuelo o simplemente de recuerdo. Literalmente, ninguna víctima, ningún destrozo vandálico, ni una gota de la sangre vertida este mes iba a avinagrar su fiesta. Esa despiadada insensibilidad social alcanzó un toque aberrante cuando la presidenta bailaba los acordes de aquella canción cuya letra dice: “Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”, mientras los heridos aún reciben cuidados, las familias acaban de dar sepultura a parte de los fallecidos y otra parte de los asesinados en los disturbios esperaba todavía los sepelios.
El expresidente más beligerante ante esta actitud fue, sin duda, el peronista Eduardo Duhalde, que ante la perspectiva del chocante espectáculo que se avecinaba, declinó la invitación de la Casa Rosada a los festejos de “Democracia para siempre, fiesta popular”. Duhalde comprendió lo incongruente de la situación y la finalidad de autopromoción del kirchnerismo en la circunstancia de la tragedia nacional que se está produciendo. En su misiva excusando su asistencia, Duhalde acusó a la actual presidencia de fomentar el sectarismo y la confrontación al recordarle que “desde hace mucho tiempo viene propugnando una cultura del encuentro que nos permita superar absurdas antinomias”. Para Duhalde, inclementemente zaherido por los Kirchner en el más reciente pasado, la democracia argentina se cuida con menos festejos y más libertad, justicia y ejercicio del poder inclusivo.
Ante este cúmulo de coyunturas, el cambio de imagen diseñado en el último mes por la presidenta Cristina Fernández se desplomó como un castillo de naipes durante el discurso en la celebración. En una réplica con tintes paranoicos a los acontecimientos, la inquilina de la Casa Rosada atribuyó todos estos sucesos que amenazaban con aguar su fiesta a un plan fríamente orquestado en su contra. Ese argumento teñido de paranoia se concretó en una frase lapidaria: “Por contagio son las paperas, la varicela o la rubeola. Pero algunas cosas que pasan en Argentina no son por contagio. Son por planificación con precisión quirúrgica.”
¿Planificación de quién? ¿Cuál es el cirujano que ha extendido los disturbios desde Córdoba hacia el resto del país? ¿Cómo se puede mover masas tan anárquicas con tal precisión? El kirchnerismo no tiene por qué dar explicación a preguntas de tan difícil respuesta porque siempre ha achacado cualquier mal a un enemigo exterior o a una cabeza de turco seleccionada con los criterios más demagógicos, en vez de realizar la más mínima autocrítica. Los segundos de a bordo han tenido que salir a farfullar justificaciones cada vez más inconsistentes. Para el ministro de Justicia, Julio Alak, se trata de un complot gestionado en las redes sociales como Facebook. Su secretario, Julián Álvarez, apuntó aún más temerariamente al Frente Renovador capitaneado por el opositor emergente Sergio Massa, caracterizado, muy al contrario, por defender una apertura política capaz de conciliar todos los frentes abiertos por el kirchnerismo.
Bastaría con que la insensible presidenta repasase los factores que todos los analistas políticos han subrayado como causantes de su varapalo electoral, para caer en la cuenta de que la explosión social en Argentina no obedece a un plan preconcebido, sino a una suma de elementos generados precisamente en los últimos años de gobierno. La inflación desbocada y ocultada, la creciente inseguridad ciudadana, el espíritu de confrontación, la demagogia acompañada de hirientes casos de corrupción en las altas esferas y la propia lucha por obtener la sucesión de la actual presidencia, constituyen una amalgama de componentes que por sí mismos son capaces de desencadenar tumultos como los que ahora se viven e incluso un vendaval colectivo de mayores proporciones.
Los datos de la inflación han sido permanentemente malversados por la presidencia, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha exigido perentoriamente los datos reales. Ese fraude no ha amortiguado su repercusión en los bolsillos de los ciudadanos, a veces hasta límites difíciles de soportar. No es descabellado pensar que la corrupción política se filtre en estamentos policiales y resultan injustificables los violentos asaltos a los establecimientos, pero la brutal pérdida de poder adquisitivo está en el fondo de los sucesos y la culpa del poder político estriba en ni siquiera haberlo reconocido, en esconderlo bajo la alfombra y no haber reaccionado competentemente hacia ese hecho en una circunstancia económica favorable y de crecimiento, delatando una profunda falta de sensibilidad real frente a la población, pese a los demagógicos discursos. El idioma frentista, las arengas desafiantes, el lenguaje de la hostilidad que ha dominado los argumentos políticos de Cristina Fernández y su séquito kirchnerista no es precisamente un factor que aliente la calma social. Ahora se le añade también una solapada lucha por heredar el poder presidencial que ha añadido nueva pólvora para que los actuales y gravísimos incidentes se hayan desencadenado.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, es un peronista disiente mal visto desde la Casa Rosada, de modo que tras la huelga policial y el comienzo de los altercados, saqueos y asesinatos, la presidencia decidió que el gobernador se cociese en su propia salsa y quedase fulminado políticamente. Más de cien heridos y dos muertos tras arrasar locales comerciales y domicilios particulares no sirvieron de nada para que Cristina Fernández y su recién nombrado jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, moviesen un menique. Capitanich adujo que era una cuestión exclusiva de Córdoba para no movilizar allí las fuerzas del orden previstas en la ley de seguridad nacional. Era un mazazo contundente contra un enemigo político, y los saqueos y crímenes ocupaban un segundo lugar insignificante.
La ira del equipo de Cristina Fernández se disparó solo cuando los mismos disturbios se propagaron a una decena de provincias, la última de ellas, por ahora, Tucumán, que ha aportado los tres últimos fallecidos. Obviamente, las circunstancias que los están causando se repiten en todas las regiones, abarcando la totalidad del país. La máxima alerta está puesta ahora en el Gran Buenos Aires. Lo más peligroso es que el vandalismo se está produciendo en lugares donde la policía ha retornado a la vigilancia, incapaz de contener asaltos a comercios, fábricas o domicilios, mientras la población levanta barricadas y se provee de palos y armas de fuego. Solo cuando el estallido social amenazó con amargar la fiesta en los salones del Bicentenario, Cristina Fernández decidió pensar en público que todo lo que está ocurriendo es obra de un malvado cirujano social que lo había calculado hasta el último milímetro.
La fría insensibilidad hacia las familias de las víctimas en plenos festejos refleja la profunda irracionalidad del poder cuando no es capaz de autoanalizarse ni amoldarse a su democrático carácter transitorio. En la gran autocrítica con la que Jorge Luis Borges saludó el regreso de la democracia a Argentina hace 30 años, el extraordinario escritor señaló el advenimiento de gobiernos que condescenderían al diálogo, que podrían confesar que se han equivocado, que preferirían la razón a la interjección, los argumentos a la mera amenaza, sentenciando: “Renacerá en esta república, esa olvidada disciplina, la lógica.” Hoy, tras unas celebraciones tan inmoralmente insensibles al dolor de la nación, esas virtudes requieren ser resucitadas con urgencia.