Lunes 23 de diciembre de 2013
María Dolores de Cospedal salía ayer al paso del contenido del último auto dictado por el juez Pablo Ruz, a tenor del cual las obras realizadas en la sede nacional de la calle Génova se harían pagado presuntamente con dinero negro. La secretaria general del PP negaba así cualquier irregularidad contable afirmando que ésta es pública y se halla a disposición del Tribunal de Cuentas, al tiempo que aseguraba haber entregado toda la documentación requerida.
No obstante, dicho argumento tampoco es aval de nada, toda vez que las irregularidades antes mencionadas y que han ido aflorando a raíz de conocerse los papeles de Bárcenas estaban precisamente al margen de auditorías públicas y privadas. Además, hay una docena de documentos “nuevos” incorporados a posteriori que son los que más dudas ofrecen a Ruz, por cuanto hay indicios de que pudieran haber sido elaborados de manera fraudulenta.
Ningún partido político -y menos el PP, con responsabilidades de gobierno en la actualidad- puede vivir permanentemente al socaire de lo que digan los tribunales día sí día también a propósito de sus cuentas. Si los populares muestran que, como aseguran, las obras de su sede nacional se abonaron como es debido, habrán logrado recuperar parte de la confianza perdida. Pero si no es así y lo que dice el auto del juez Ruz se revela ser cierto, todos los que han negado la mayor deberán asumir su responsabilidad en forma de dimisiones. En política, faltar a la verdad no puede ni debe quedar impune. Empezando por María Dolores de Cospedal y acabando por Mariano Rajoy.