Las FARC se desmoronan

El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), de Colombia, ha hecho públicas las estadísticas donde se confirma que el pasado año 1.350 guerrilleros se entregaron voluntariamente a las fuerzas de seguridad, perteneciendo 1.111 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ahora negocian con el Gobierno en La Habana, y los 237 restantes al Ejército de Liberación Nacional (ELN). A esa desmovilización creciente habría que sumarle los casi mil guerrilleros de las FARC detenidos en ese mismo periodo de tiempo, así como el continuo goteo de bajas de los líderes de la insurgencia en los distintos frentes. Unas cifras que dibujan un retrato robot bastante exacto del paulatino desmoronamiento del movimiento guerrillero, donde se encuentra el motivo último que ha empujado a las FARC a sentarse a la mesa de negociación, más que un auténtico amor a la paz y al entendimiento de sus dirigentes.

No han faltado voces que tratan de empañar este hecho. La oposición al presidente Santos, en un año electoral, ha subrayado que los secuestros de la guerrilla aumentaron un 13 % en los tres últimos años, pero datos como este habría que sopesarlos como la virulencia con que el movimiento trata de contrarrestar exasperadamente su imparable declive. Se critican también las ayudas recibidas por las desmovilizados, muy ventajosas frente a las dificultades de la ciudadanía. El Gobierno, sin embargo, hace bien en mantener este apoyo, siguiendo el eficiente criterio de “enemigo que huye, puente de plata”. El daño que un miliciano puede causar en cualquier punto del país, incluso en términos económicos, siempre es superior al coste de los subsidios por su reinserción.

La política de “Seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe, y la línea seguida por su sucesor Juan Manuel Santos, son los artífices del actual desmoronamiento. Vistos en toda su amplitud, los datos son aún más demoledores. A comienzos del siglo XXI, las FARC contaban con 20.000 efectivos, que hoy han quedado reducidos a 11.000. Las deserciones en 2013 aumentaron el 18 % frente al 2012, alcanzando casi cuatro guerrilleros diarios en abandonar las armas, pese al peligro de durísimas represalias de la organización. El sinsentido de la lucha, la extrema crueldad en la que se desarrolla, lo absurdo de los objetivos y la posibilidad de actuar políticamente en una democracia asentada son hechos que han calado en el corazón de los guerrilleros de a pie. Un motivo más para que Santos no haga concesiones innecesarias a sus fanáticos interlocutores en La Habana, lo que podría rearmarles moralmente. La justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y la obtención de escaños solo a través de las urnas, son puntos sobre los que Santos no ha dado información verdaderamente sustancial. Si no lograse que la guerrilla asumiese esos puntos, los colombianos pueden estar seguros de que no tienen por qué otorgar ningún trato de favor a unos criminales cuya organización ha entrado en una fase de demolición interna.