Viernes 17 de enero de 2014
El Consejo de Europa mostraba ayer su preocupación por los casos de corrupción en España, al tiempo que apremiaba a las autoridades a que se pusieran manos a la obra para erradicarla. Sugería, por ejemplo, que se haga lo posible por despolitizar la justicia -hacían hincapié en que no debe ser el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado-, y que se avanzase en la clarificación de las cuentas públicas. Coincidía en el tiempo con la suspensión por parte de la Comisión Europea de las ayudas a UGT para cursos de formación, al tiempo que abría una investigación por el posible uso irregular de fondos europeos por parte del sindicato español.
No se trata de un rumor, sino de una declaración oficial efectuada por el comisario de Política Regional, Johannes Hahn. También oficial era la retirada de más de dos millones de euros por parte de la Junta de Andalucía; extremo éste negado ayer mismo por la nueva responsable local de UGT, Carmen Castilla, a quien “no le constaba”. El caso de UGT Andalucía es representativo del descrédito que se han ganado a pulso determinadas instituciones en España. Carmen Castilla insiste en “tiempos nuevos” y en “no mirar al pasado”. Pero la ignorancia del pasado no exime de sus consecuencias, y éstas han de afrontarse ahora, con todo lo que ello implique. Otro tanto ha de decirse de diversos casos de corrupción y prácticas poco deseables llevadas a cabo en las distintas administraciones e instituciones públicas. Todo suma en la senda de la recuperación y, en este sentido, puede decirse igualmente que todo resta. Y la imagen que da España al hacerse acreedora de reprimendas y actuaciones semejantes no puede ser más negativa.
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