Jueves 23 de enero de 2014
Desde hace poco más de quince años, la situación social, económica y politica del Estado de Michoacán, al occidente de México, se ha deteriorado. Es una de las entidades más pobres que ha causado una emigración de mucha gente hacia Estados Unidos.
Hace menos de diez años, fue asesinado en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, el secretario de seguridad pública local, hace menos de cinco hubo muertos en medio de una fiesta nacional, por lanzamiento de granadas en la plaza principal.
La lucha entre carteles del narcotráfico, la nula actuación de los dos últimos gobiernos locales, uno del izquierdista PRD y otro del PRI y el incremento de violencia, han obligado al gobierno federal mexicano a cambiar de estrategia: se envió un comisionado especial que en la práctica sustituye al gobernador, -aunque éste permanece para seguir cobrando su sueldo-, para dar gobernabilidad y paz a la entidad federativa. El gobierno de Peña inventó un cargo, sobrepasó la Constitución mexicana al desfigurar el federalismo en su desesperación de apoyar a un gobierno local priista que ha sido el peor de la historia.
El desafío es importante: si no se logra rescatar la paz y el Estado de Derecho en Michoacán, el mal puede extenderse hacia otras entidades ya afectadas por la violencia y criminalidad. Michoacán es un laboratorio. Esperemos que no sea Waterloo y mucho menos el Stalingrado del actual gobierno mexicano.