Lasquetty y la sanidad pública

El ya ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dimitía ayer de su cargo, tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -TSJM- de mantener la suspensión cautelar del proceso privatizador de la gestión sanitaria. Que no es lo mismo que privatizar la sanidad, por más que desde ciertos sectores se haya insistido hasta la saciedad en semejante argumento.

La sanidad pública es un derecho constitucional. Según reza el artículo 43 de la Constitución, “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. La sanidad pública en España es excelente. Sirva como ejemplo la figura del turismo “sanitario”, por el que muchos extranjeros acuden aquí a recibir diversos tratamientos o intervenciones. Y no es gratuita. Al contrario, es muy cara y la pagamos entre todos con nuestros impuestos.

Ocurre que durante demasiado tiempo se ha gastado más de lo que se tenía. Las consecuencias, nefastas, aún las estamos pagando -nunca mejor dicho. No ha quedado más remedio que llevar a cabo una dura política de ajustes, en base a una serie de criterios de austeridad imprescindibles. Cada comunidad autónoma los ha aplicado según su criterio y, en el caso de Madrid, dicho criterio ha consistido en privatizar la gestión de varios centros, con la oposición frontal de la práctica totalidad del personal sanitario. Siendo positiva la intención de optimizar recursos, no lo fue la manera de implementar dicha optimización, sin consultar a médicos y enfermeras e imponiendo una tesis que finalmente han desbaratado los tribunales. Habrá que ver cómo se gestiona este espinoso asunto a partir de ahora, por cuanto la dimisión de Lasquetty no pone fin a un problema acuciante, el de la financiación de la sanidad. Fernández Lasquetty se va, pero los números rojos se quedan.