Juan Federico Arriola | Martes 28 de enero de 2014
“El derecho penal no puede resolver por sí mismo los problemas sociales, económicos y políticos.”
Antonio Beristain, S.J. (Fundador del Instituto Vasco de Criminología)
Hace algunos días, el mexicano Edgar Tamayo fue ejecutado con inyección letal en el Estado de Tejas. Él como otros cientos de reos han sido sentenciados durante los últimos años en Estados Unidos y varias decenas están a la espera de que se cumplan sus sentencias letales.
Tamayo fue acusado de haber matado a un policía estadounidense. ¿Era inocente o culpable? No lo sé, de cualquier manera es un exceso del iuspuniendi del Estado. La pena de muerte es una demostración de barbarie.
La decadencia de Estados Unidos es evidente: se legalizó la tortura para prisioneros en el campo de concentración de Guantánamo, ha violado el Derecho Internacional y la soberanía de Vietnam, Panamá, Afganistán e Iraq, sólo en los últimos años. Su resistencia a continuar con la pena de muerte pone a Estados Unidos más abajo que los países de Iberoamérica a pesar de los graves problemas de violencia.
Los 28 Estados que conforman la Unión Europea tienen abolida la pena de muerte. Además otros países europeos como Suiza y Noruega. México la abolió definitivamente en 2005 a través de su Constitución Política, pero desde tiempo atrás no la aplicaba.
Desde el punto de vista criminológico, está demostrado que la pena de muerte no resuelve el difícil y complejo problema de criminalidad.
El Estado de Tejas es el más represor e injusto de Estados Unidos. Ningún gobernador de esta entidad sureña –incluido George Bush junior- ha demostrado cierta compasión por los sentenciados a muerte y tampoco han logrado disminuir los problemas criminales que azotan a los tejanos.
Es una vergüenza que en el siglo XXI haya todavía países retencionistas. Afortunadamente ha crecido el número de Estados abolicionistas en el mundo.
Los cinco países que destacan por aplicar más la pena de muerte son: China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Iraq e Irán.
Decía un sabio penalista mexicano, Sergio García Ramírez, que la pena de muerte sólo enseña a matar y es verdad.
Desde hace más de veinticinco años he defendido en diversas ediciones de mi libro La pena de muerte en México, que la pena de muerte es un doble fracaso educativo: El Estado que la aplica demuestra que no educa a los gobernados y peor aún, no reeduca a los presos. Es más fácil matar que prevenir y curar.
El gobernador de Tejas tendría que leer mucho. Es tan ignorante como sus antecesores. Por lo menos debería conocer el magnífico y breve tratado de Beccaria, De los delitos y de las penas y enfocarse en el capítulo 41: el deber de prevenir a cargo del Estado.
Un criminal –que no delincuente formal- como George Bush que ordenó la matanza de millares de iraquíes, está libre y no puede ser imputado por la Corte Penal Internacional, en cambio, el señor Tamayo de origen mexicano fue asesinado legalmente por un homicidio del que todavía se discuten las circunstancias.
Los españoles aún recuerdan el garrote vil, el método sanguinario y salvaje practicado durante la dictadura de Franco.
La pena de muerte es tan decadente como quienes la aplican.
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