El juicio público a la Infanta Cristina

Finalmente, la Infanta Cristina llegará en coche a la Audiencia de Palma para prestar declaración por el caso Noos. La decisión, adoptada ayer por el juez decano, Francisco Martínez Espinosa, era de esperar, así como también las airadas críticas que iba a suscitar en una parte de la izquierda. De ahí que sean dignas de mención las palabras de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, al afirmar que la Infanta Cristina “es igual ante la ley, pero no ante la seguridad, porque corre riesgos que otros ciudadanos no corren”. Lamentaba igualmente que se hubiera hecho “un asunto central de algo que no lo es”, el referencia al modo en que la Infanta tendría que llegar a sede judicial.

Ha habido ostensibles diferencias de criterio entre el juez Castro y el fiscal Horrach a la hora de imputar a la Infanta. El ruido judicial -y el mediático- que provoca la imputación de un miembro de la Familia Real no beneficia en absoluto al normal desarrollo de la justicia. Y como ciudadana española que es, la Infanta Cristina tiene perfecto derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución. Si alguno de los actos por los que será interrogada es constitutivo de delito, deberá afrontar las consecuencias. Lo que no es de recibo es el juicio público paralelo al que se está viendo sometida por ser quien es. Y menos aún, que se haga una montaña de una mera cuestión de orden público como es la llegada de la Infanta a los juzgados de Palma.