Intoxicaciones de las FARC

Inmersos en el tercer capítulo, dedicado a los cultivos de drogas ilícitas, de las rondas de negociación entre la guerrilla colombiana y el Gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC vuelven a presionar a sus interlocutores a propósito de escándalos reales o inventados que esgrime la izquierda de su país. Saben que su amenaza de romper el proceso de paz y abandonar las conversaciones hace un daño particularmente hiriente a Santos, que ha fiado la mayor parte de su reelección como presidente en la próxima convocatoria electoral del mes de mayo a llevar bajo el brazo un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto armado de la nación.

Conocedores de este talón de Aquiles, los guerrilleros ponen sobre la mesa asuntos extra que les proporcionen poderosas ventajas en las transacciones que están realizando en La Habana. Acaban de arrojar sobre el tapete varias intoxicaciones explosivas que giran sobre una supuesta “guerra sucia” en su contra y sobre que, en realidad, nada tienen que ver con el narcotráfico que sustenta su maquinaría de guerra y cuyo fin toca dilucidar en estos momentos. Un aspecto de su denuncia de la “guerra sucia” se refiere al aparente espionaje que desde Bogotá pudiera haberse efectuado sobre la delegación de paz de la guerrilla. El líder guerrillero en La Habana, Iván Márquez, ha acusado al expresidente Álvaro Uribe de haber promovido esas escuchas, sentenciando: “No se les olvide que Álvaro Uribe es el enemigo público número uno de la paz en Colombia.” Que el autoproclamado “comandante” Márquez, en pleno proceso de paz, se atreva a catalogar como “enemigo público número uno” a un representante elegido por los ciudadanos como es Uribe, delata la profunda mentalidad autoritaria y antidemócrata de estos narcoguerrilleros que afirman querer asumir las reglas de la democracia sin dar pruebas fehacientes de ello. El problema no es que Uribe en representación de un sector más o menos amplio de la ciudadanía defienda su criterio de que los crímenes terroristas no queden impunes tras la negociación, sino que la verdadera cuestión inaceptable es que la guerrilla haya respondido a la postura de Álvaro Uribe con un recién descubierto plan para asesinarle. Si las FARC quieren que la democracia colombiana las acoja, tendrán que convencer de que sus métodos de discrepancia no pasan por el uso de explosivos y balas contra quienes disienten de ellas. Del mismo modo, el centro de escuchas “Andrómeda”, en Bogotá, entra dentro de los dispositivos de inteligencia habituales de las democracias frente a narcotraficantes y terroristas, y las FARC siguen siendo ambas cosas. Lo anómalo sería que el Estado no investigase esas actividades delictivas y lo preocupante es que ese dispositivo de inteligencia haya sido desvelado en beneficio de los siniestros cometidos de la subversión.

Hará mal el presidente Juan Manuel Santos en ceder a la presión de esas intoxicaciones coaccionado por el calendario electoral. Las FARC en La Habana continúan echando más leña al fuego al sumar a las anteriores acusaciones la supuesta resurrección de “escuadrones de la muerte” impulsados por el imperialismo, lo que haría peligrar aún más el proceso de paz. Argucias todas al servicio de no afrontar en profundidad un asunto clave del poder que hoy poseen: la industria del narcotráfico de cocaína que engrosa sus arcas, y al que tan difícil les resulta renunciar.