Viernes 28 de febrero de 2014
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-de declarar ilegal el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos -IVMDH- ha generado una polémica cuyas consecuencias directas tendrán menos impacto de lo que inicialmente podría pensarse. Dicho, impuesto, conocido popularmente como céntimo sanitario, permitió que muchas comunidades autónomas percibieran hasta 13.000 millones de euros supuestamente destinados a fines sanitarios y medioambientales; algo que, a juicio del TJUE, vulnera la legislación comunitaria.
Más allá de la decisión de tribunal de Luxemburgo, conviene tener presenta el toque de atención a cómo se han estado haciendo las cosas hasta ahora. Es posible que, como sostiene Cristóbal Montoro, a quien haya que mirar es a la Comisión Europea que dio su autorización a la instauración del céntimo sanitario, pero también lo es que un excesivo celo impositivo / intervencionista no suele derivar en nada bueno. Los resultados, a la vista están. Será difícil para los particulares -no así para los transportistas- reclamar su parte correspondiente, ya que muy pocos guardan los comprobantes de los repostajes.
Así pues, una parte importante de esos 13.000 millones de euros no podrá reintegrarse. Pero ello no obvia la mala fe en que incurrieron las administraciones españolas, al argüir la falacia de que ese céntimo iba destinado a la sanidad. Todo euro recaudado va a una caja común; no hay apartados “sanitarios”, “de obras públicas” o similares. Voracidad recaudatoria e intención de falsear son malos componentes de cualquier sistema impositivo.
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