Luis María ANSON | Sábado 01 de marzo de 2014
El nuevo comunicado de Eta prolonga la burla de la banda criminal. Los etarras acentúan su desprecio por las instituciones españolas. Prescinden de ellas. Como si no existieran. España está considerada, hoy por hoy, una de las 15 naciones más importantes del mundo. La democracia pluralista plena preside la vida española. Nuestro país es un Estado de Derecho. Ha padecido un terrorismo cruel durante largos años, como Francia, Italia, Alemania o Inglaterra. La disolución de Eta debe pasar obligatoriamente por la Justicia española y por nuestras Fuerzas de Seguridad. A ellas corresponde verificar si es cierto o no el arrepentimiento de los terroristas. España no es Zimbabue ni Burundi. No necesitamos ni verificadores ni instancias internacionales para dirimir los asuntos internos relacionados con el terrorismo.
Los llamados verificadores son unos aprovechados que cobran mil euros al día, que viajan gratis total, se alojan en hoteles cinco estrellas, cenan en un restaurante de siete estrellas Michelín y están claramente al servicio de Eta. No existe la menor duda sobre esta cuestión. Son objetivamente colaboradores de banda armada, tal vez están pagados, incluso, indirectamente por los terroristas etarras.
La última farsa que han interpretado los presuntos verificadores ha permitido que Eta retorne a los titulares de los periódicos impresos, hablados, audiovisuales y digitales, en una operación abiertamente publicitaria, que no engaña al más pardillo de los ciudadanos. La banda terrorista, con dos encapuchados junto a los verificadores, ha tomado el pelo a la seriedad de una nación como España y se ha cachondeado de todos nosotros entregando unos tirachinas que luego han recuperado para llevárselos en una caja de cartón. Todo grotesco. Todo lamentable. Todo propio del tercer mundo.
El ministro Fernández, habitualmente constructivo y serio, ha hecho unas declaraciones innecesarias. A las colaboradores de banda armada se les detiene y se les pone a disposición de la autoridad judicial. Eso es lo que debía haber hecho Fernández ante la burla instrumentada por unos verificadores de incierto origen y que se dedican con entusiasmo a la propaganda de Eta. Muchos ciudadanos creemos que era obligado proceder contra unos aprovechados para que nunca más vuelvan a España a tomarnos la cabellera. Consuelo Ordóñez los ha definido con precisión: “Los verificadores son unos sinvergüenzas, unos vividores sin escrúpulos”.
Desde la calma y la prudencia creo, como muchos juristas y analistas políticos, que los verificadores han cometido un delito de colaboración con banda armada.
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