Sábado 22 de marzo de 2014
A mediados de semana, el Ayuntamiento malagueño de Yunquera abría expediente informativo al director general de Energía de la Junta de Andalucía, Luciano González García, por tener un chalet en una zona no urbanizable con enganches de luz y agua ilegales. Se da la circunstancia de que González es además coordinador del Plan de la Construcción Sostenible, dotado con 200 millones de euros y cuyo cometido es el de “diseñar la estrategia de la política económica de construcción sostenible en consonancia con las directrices europeas”. Por esas mismas fechas el alcalde de Orense, el también socialista Agustín Fernández, era denunciado por haber pagado la urbanización de la parcela de su casa con fondos públicos del plan E, y, por otra parte, los implicados en la trama Gürtel se negaban una vez más a declarar en sede judicial.
Mientras, Adolfo Suárez agoniza en una clínica madrileña. Ante semejante panorama, los tiempos de la transición y la política con mayúsculas quedan muy lejos, demasiado. Porque eran otros los tiempos en que los principales partidos se ponían de acuerdo en cuestiones de estado -hoy, por cierto, bien podría decirse que la lucha contra la corrupción es una de ellas-, y otras las personas que priorizaban el bien común en detrimento de oscuros intereses personales. Y son, hoy, otros tiempos, donde el parlamentarismo ha dado paso a mediocres que viven de la política en lugar de para ellas, como hiciera Suárez. Y si no se pone remedio, la corrupción seguirá erosionando la imagen de las instituciones tanto a nivel doméstico como de puertas hacia fuera.