Juan José Laborda | Martes 25 de marzo de 2014
La mañana del 7 de octubre, el líder de Alianza Popular presentó una enmienda de devolución del proyecto de ley sobre la censura del Gobierno por las Cámaras, elegidas aquel 15 de junio de 1977. Después de su discurso, tomó la palabra el ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga. ¿Por qué intervino el titular de un ministerio que no tenía nada que ver con el proyecto? Todo era nuevo, y el Gobierno acababa de relacionarse con auténticas Cámaras parlamentarias. Pero además, existía una clarísima intencionalidad de rebajar el nivel de enfrentamiento con los grupos de izquierda: Jiménez de Parga había sido un universitario comprometido con el antifranquismo, y en los escaños socialistas y comunistas se sentaban alumnos suyos, que le respetaban y apreciaban.
El ministro defendió el proyecto sin entrar en detalles; omitió de hecho sus aspectos más criticables señalando que los escaños de la UCD estaban dispuestos a aceptar las enmiendas de la oposición. Tampoco respondió a los muchos ataques que Fraga había hecho a la iniciativa legal del Gobierno. Subrayó que “el régimen parlamentario no es un régimen de enfrentamiento de poderes, sino de colaboración de poderes”. La parte más trabada de su discurso fue la que se refirió a la censura del Gobierno por las Cámaras. Ésta no tenía sentido por dos razones. La primera, porque el Gobierno carecía de la facultad de disolver el parlamento, lógica contrapartida frente a unas Cámaras hostiles. Y la segunda, ¿tendría sentido disolver unas Cámaras que habían iniciado la elaboración de una constitución? “Ni técnica, ni política, ni históricamente está justificado la censura ni la disolución”, manifestó con vehemencia el ministro.
La intervención de Jiménez de Parga tenía su lógica política, pero adolecía de garantías. Para Fraga, la operación de hacer una constitución en unas Cámaras que legalmente no eran constituyentes, era una temeridad. Los socialistas, por razones completamente opuestas, dudaban que el Gobierno de Suárez tuviese la decisión democrática (y de ruptura con el régimen franquista) de lograrlo realmente. Por esa común desconfianza, el PSOE y AP iban a votar la enmienda defendida por el diputado Fraga.
De hecho la intervención del portavoz socialista, Gregorio Peces Barba, fue una radical defensa de los principios del parlamentarismo liberal. Rechazó que se invocase la prudencia –como había hecho Jiménez de Parga- para descalificar a los que iban a votar el rechazo del proyecto como “enemigos de la democracia”. No aceptaba las consideraciones gubernamentales sobre la inconveniencia de la censura a los ministros. Las Cortes habían arrancado al Gobierno su condición de constituyentes, y consecuencia de ese avance, el Congreso del mes de septiembre aprobó que se pudiera votar el cese del Ministro del Interior y del Gobernador Civil de Santander, como responsables de los excesos de la policía con un diputado, Jaime Blanco.
Los socialistas estaban tensando la cuerda al máximo pues en el fondo creían, como Fraga, que la UCD no llegaría tan lejos como Adolfo Suárez daba a entender en sus declaraciones. El PSOE era consciente de la fragilidad política que entonces tenía la democracia, pero también estaba convencido de que sólo se saldría de esa debilidad apostando fuerte por la radicalidad democrática, en otras palabras, con tolerancia cero para los poderes y mecanismos de la dictadura. Alianza Popular, por el contrario, estaba esperando a que la UCD, ante la presión socialista, pidiese ayuda a sus diputados, y lo que era más importante, admitiese que los planes propuestos por Fraga durante la campaña electoral -una reforma conservando algunos rasgos del anterior Régimen, por ejemplo, el uniformismo territorial del Estado-, sustituyesen a los planes de crear una nueva constitución estatal.
Los demás grupos de la Cámara manifestaron que se iban a abstener. Realmente, preferían a Suárez y confiaban más en sus propuestas, mientras que Fraga no les convencía con su pesimismo ante las libertades democráticas, y los socialistas de Felipe González les parecían en exceso temerarios, máxime con la difícil situación sociopolítica.
El presidente Suárez se enfrentaba a un dilema a los pocos meses de iniciada la legislatura: ¿a quién asociaría a su estrategia reformista, sin incrementar por eso el número de sus adversarios?
A continuación, Santiago Carrillo tomó la palabra. Justificó la abstención de los comunistas. Dirigiéndose a Felipe González, en medio de grandes carcajadas, prometió no hablar del “Gobierno de concentración”, el otro extremo de la propuesta de “mayoría natural” de Fraga, que consistía en que el PCE ofrecía ministros comunistas para superar la debilidad gubernamental. En un momento de su discurso, el líder comunista dejó caer “que por la mañana” del día siguiente vería en “la Moncloa” al presidente Suárez para “tratar de principios mínimos comunes”.
Nadie comentó después esta confidencia de Carrillo sobre sus citas a alto nivel. Ahora sabemos, por los investigadores, que el 8 de octubre de 1977 se inició el proceso que conduciría a los Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977.
En un primer momento, Adolfo Suárez buscó con Carrillo hacerle una pinza al PSOE. Miguel Boyer, entonces colaborador estrecho de Felipe González, ha manifestado en público la irritación de los socialistas al verse sorprendidos con la jugada. En aquella época estaba muy presente “el compromiso histórico”, el acercamiento de los comunistas italianos al Gobierno demócrata-cristiano italiano. Personalmente puedo atestiguar un prolongado debate en el Grupo parlamentario acerca de las condiciones que el PSOE pondría para entrar en esos pactos: que no se limitasen a pactos económicos sino que comprendiesen compromisos políticos: medidas para asegurar las libertades fundamentales, y un acuerdo sólido para elaborar una Constitución avanzada.
Adolfo Suárez aceptó esas condiciones, y entró en el juego democrático hasta el final. El Senado aprobó el proyecto doce días después. El PSOE, ahora, lo votó favorablemente. Entonces se produciría “el consenso”, la aportación más original que España ha dado al mundo desde que las Cortes de Cádiz popularizaron en todas las lenguas la palabra “liberal”.
Esa es la obra fundamental del creador del consenso constitucional. Adolfo Suárez fue un político vocacional, y su audacia durante la Transición expresa su autenticidad como ser humano, la misma autenticidad que tuvo la política de aquella época. Recordar al presidente Adolfo Suárez es también reconocer la validez de la democracia que él contribuyó a crear. “Conocer es recordar”, escribió Platón hace muchos siglos. El recuerdo de Adolfo Suárez, y el de un tiempo que superaría nuestros males políticos anteriores, necesita, además, de la verdad. Adolfo Suárez no es el pasado. Su verdad, el consenso que supo construir, apunta al futuro, si no sucumbimos envueltos en recuerdos mentirosos del pasado.
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