El futuro de Telemadrid

Como ya hiciera en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo declaraba ayer improcedente el ERE de Telemadrid, lo que obliga al canal autonómico a indemnizar al 74 por ciento de la plantilla despedida -849 trabajadores en total- con 45 días de salario por año trabajado en lugar de los 20 iniciales. Esta resolución no disgusta del todo a ambas partes: por parte de los trabajadores, en incrementado el monto de sus indemnizaciones y, por parte de la Comunidad de Madrid, evita echar el cierre al ente público si, como había advertido Ignacio González, el ERE era declarado nulo -lo que hubiese implicado la readmisión de los despedidos-.

Ya a finales del pasado año, a la Generalidad de Valencia no le quedó más remedio que echar el cierre al ente público de radio y televisión, habida cuenta de la imposibilidad que suponía hacer frente a los gastos de personal de semejante plantilla. Máxime, con la deuda que arrastraba, por lo demás desmesurada. A día de hoy, no hay una sola televisión pública autonómica rentable. Antes al contrario, son auténticas trituradoras de dinero público, con un coste anual que se aproxima en total a los mil millones de euros. Huelga decir lo útil que sería destinar semejante partida a educación, sanidad o gasto social, en lugar de servir de altavoz político de las diferentes taifas autonómicas.

Aquí no hay distinción partidista que valga, ya que nadie se salva: CIU y PNV en Cataluña y Euskadi, el PSOE en Andalucía y el PP en Madrid y Valencia han hecho de TV3, ETB, Canal Sur y demás sus respectivas correas de transmisión ideológica, con cargo a los bolsillos de todos. La difícil situación que ahora atraviesan los ya ex trabajadores de Telemadrid es responsabilidad exclusiva de una clase política que sigue tirando con pólvora del rey –léase, de los contribuyentes- en lo que se refiere al despilfarro de dinero público. Más de una televisión autonómica debería hacérselo mirar.