Autopista hacia el Estado

Hay nueve autopistas españolas que están en una situación de quiebra. La crisis ha incidido duramente en su negocio. Hay numerosos informes que demuestran una relación directa entre la marcha de la economía y el nivel de tráfico. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha asentado la relación directa entre las épocas de crisis y la caída en la incidencia de los accidentes. En España hemos pasado por lo mismo, como muestra la espectacular, y muy bienvenida, caída en el número de muertos en carretera. Este mismo martes, aunque en el ámbito de las ciudades, ha presentado el RACC un informe que señala que la crisis ha reducido el nivel de los atascos en dos tercios, un 63 por ciento.

En los dos primeros meses del año, las autopistas han llegado a perder hasta el 52 por ciento de su tráfico. Esta situación es insostenible, y el gobierno ha actuado para buscar una salida. El plan, coordinado por los ministerios de Hacienda y Fomento, pasa por aglutinar las empresas en una única corporación pública, imponer una quita del 50 por ciento sobre la deuda bancaria (que frisa los 3.900 millones de euros), más otra quita de 500 millones a las constructoras. Desde las concesionarias se señala que este esquema no “socializa las pérdidas”.

La solución del mercado hubiera sido que las compañías se hubiesen declarado en quiebra, los accionistas lo habrían perdido todo, le hubieran seguido los acreedores, y sus activos habrían sido liquidados y vendidos a otros empresarios con capital e ideas para hacer de ellos un buen uso. Los accionistas son sobre todo las constructoras (49 por ciento), seguidas por las Administraciones Públicas (14 por ciento) y las cajas de ahorros (7 por ciento).

Pero el sector no es, ya de inicio, privado del todo, y está sujeto a la planificación pública e, incluso, al juego puramente político. La apuesta por las autopistas permitía a las Administraciones realizar inversiones sin que éstas contabilizaran en el cómputo del déficit público, porque no son gasto público. Pero responden a la planificación pública. Si esa planificación hubiera sido privada, la inversión habría sido seguramente menor, más ajustada a la demanda, y aunque bien podría haberse llegado a una situación de quiebra, no sería tan generalizada como la actual.