Ojo por ojo en Argentina

No es nuevo que ante los problemas de inseguridad ciudadana surja la tentación de tomarse la justicia por su mano. Pero el ojo por ojo y diente por diente que aparece de manera recurrente en situaciones en las que arrecia la delincuencia es una respuesta emocional absolutamente condenable y que solo conduce a callejones sin salida. Un ejemplo paradigmático de este recurso a la ley del Talión se está produciendo ahora en Argentina, donde el problema de la cada vez mayor inseguridad ciudadana se ha convertido en el eje del debate político con vistas a las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2015.

Hace pocos días, la ciudad de Rosario, que encabeza el ranking de tasas más altas de asesinatos y donde el narcotráfico se ha hecho especialmente fuerte, fue el escenario de un gravísimo suceso: un grupo de vecinos persiguió a un joven delincuente que acaba de robar el bolso a una mujer. Pero al alcanzarle no lo retuvieron para ponerlo a disposición de la Policía sino que le propinaron una colosal paliza, tras la cual le dejaron en la calle en un estado de visible gravedad. A los cuatro días de lo sucedido murió en el hospital. Este linchamiento popular fue el comienzo de otros similares en los que la furia colectiva se desató en varios lugares del país andino.

Estos hechos que merecen la más absoluta condena no deben dejar, sin embargo, de ser una urgente llamada a la reflexión sobre sus causas. No por azar ha saltado la alarma en Argentina, donde todo apunta a que la seguridad ciudadana no parece estar entre las prioridades de la presidenta Cristina Fernández, quien, ante lo ocurrido, se limitó a un genérico y buenista rechazo de los sentimientos de venganza y a decir que la violencia únicamente engendra más violencia. Pero precisamente porque esto es así, el Estado no puede estar ausente y hacer dejación de su autoridad, como parece que viene ocurriendo en Argentina, con un avance de la inseguridad a pasos agigantados hasta llegar a intolerables linchamientos. Un Estado de Derecho cuenta con los suficientes medios legales a su alcance para no propiciar situaciones límite. Cristina Fernández, más allá de las meras palabras, debe hacer frente con urgencia, contundencia y eficacia al ascenso de la inseguridad ciudadana en su país. De no hacerlo, cada vez se le irá más de las manos el problema y habrá que lamentar más linchamientos.