Crimea en Cataluña

La sesión que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados este martes por la tarde, ha sido, sin duda, una de las más importantes y notorias de toda la legislatura. Ha tenido algunos rasgos similares a aquella otra en la que se rechazó el llamado “plan Ibarretxe”, pero con peculiaridades propias pues no se ha debatido un proyecto de nuevo estatuto, patentemente contrario a la Constitución, como entonces, ya que de lo que se trataba era de solicitar de las instituciones del Estado que renuncien a competencias que les son propias e indelegables, por su propia naturaleza. Pedirle al Congreso que juegue a la ruleta rusa con el concepto de soberanía nacional, definido con la máxima claridad en nuestra Carta Magna, no solo desborda netamente las competencias propias de las Cortes Generales, sino que intenta llevar a cabo una reforma de la misma Constitución “por la puerta de atrás”, esto es sin seguir el procedimiento que ella establece, algo que, desgraciadamente, no sería la primera vez que ocurre.

Los argumentos en contra de tal disparate jurídico, que carece de cualquier fundamento lógico, están más que agotados pues se han reiterado insistentemente, sin que los nacional/soberanistas catalanes se hayan querido enterar. Da vergüenza repetir lo obvio o denunciar las trampas que éstos se hacen en su propio solitario. Y, como era de esperar, los representantes de los partidos constitucionalistas, que disponen de una amplísima mayoría en el Congreso, han desplegado toda esa argumentación con el mayor lujo de detalles. Con el seguro y esperado resultado de que han ganado la votación, pero no han conseguido ni conseguirán que los empecinados separatistas entren en razón, encaramados como están en su fantasioso y falaz “derecho a decidir”, engañosa máscara tras la que se esconde ese desacreditado y no menos engañoso “derecho de autodeterminación”, que ni ellos mismos parecen ya atreverse a esgrimir, pues carece de cualquier apoyo serio y justificable ni en el derecho interno ni en el internacional.

Quizás no sea inoportuno recordar que Cataluña no ha tenido nunca, en toda su historia, mayor capacidad de decisión que de la que dispone actualmente, gracias a la autonomía. Los catalanes y sus instituciones tienen un amplio derecho a decidir sobre multitud de materias, pero ese derecho –como todos- no es absoluto y no cabe en cuestiones que afectan a la soberanía nacional que, de acuerdo con la historia constitucional española -que ha cumplido ya su segundo centenario- corresponde al conjunto del pueblo español. No es un invento reciente, sino que se ha mantenido contantemente a lo largo de estos doscientos años –salvo las etapas de absolutismo y dictadura, tanto da una cosa como la otra- que, por desgracia, no han sido en esta historia nuestra ni escasas ni de corta duración.

Los separatistas, encerrados en su laberinto, son incapaces de aportar ninguna idea medianamente válida sobre la que cupiera una posibilidad de diálogo, dentro de la Constitución. A no ser que valoremos como tal el proyecto de convocar “una manifestación masiva” que formaría una enorme V con su ángulo en la confluencia de la Diagonal y de la Gran Vía. Imaginamos que se pretenderá que sea una churchilliana V de la victoria. Pero también puede serlo de “vacuidad” o de “vilipendio”, si es que no es la V de “vulneración”… de la Constitución.

A lomos de ese tigre que ni él mismo sabe adónde le lleva ni cómo se puede apear de él, Artur Mas –que ni se ha atrevido a defender en el Congreso ese disparate de la independencia- acaba de decir que por encima de la Ley está la voluntad de los catalanes, aunque a renglón seguido afirma que será una ley –del Parlamento catalán, por supuesto- la que ampare esa consulta que se empeña en celebrar, pese a su manifiesta ilegalidad. Paranada han servido hasta ahora las reiteradas advertencias del Gobierno –que no va a permitir semejante acto de sedición, como ha quedado bien claro- ni, desde luego, a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de la que solo han leído una línea, la que habla de la capacidad de decidir los catalanes en muchas materias pero, muy clara y netamente, no en las que afectan a la soberanía nacional, recordando que Cataluña no tiene soberanía. Ni la ha tenido nunca, podemos añadir, por mucho que falsifiquen la historia, como acostumbran. Pero Mas juega con el concepto de ley, “esta ley no, esta sí…porque es la mía”, al estilo de un trilero de feria, con la intención de engatusar al paciente electorado catalán, víctima del asfixiante clima de opinión que ha impuesto –la espiral del silencio- el nacionalismo hegemonista.

Esa misma línea de la sentencia es con la que se queda Miquel Roca-en tiempos encarnación del sentido común y de la moderación- que después de haber dicho en octubre de 2013 “no me merece ningún respeto la opinión del Tribunal Constitucional [porque] desde la sentencia del Estatuto no me puedo creer nada de lo que diga este Tribunal”, afirma, en entrevista publicada el domingo pasado, que “yo he dicho lo mismo que acaba de decir el Tribunal Constitucional ahora”. Estamos en la misma: sí o no al Tribunal Constitucional, según lo que diga y si me conviene o no. Con una referencia, por cierto, en mi opinión desacertada, en la misma entrevista, al desgastado concepto de “nación de naciones”, de Anselmo Carretero–con quien tuve en su momento oportunidad de cartearme- que hoy día nadie se tomaría en serio, salvo estos soberanistas de salón, que no saben dónde agarrarse para justificar su independentismo. Hay que reconocer que, con toda humildad, Roca se autocalifica de “resto de arqueología política, un dinosaurio”. Y, con todo el respeto personal que me merece, hay que coincidir en que alguna de sus ideas, incluida la de la hipotética independencia, que él no defiende abiertamente, son propias de un parque jurásico político, que nada tiene que ver con el siglo XXI.

Casi de parque jurásico, también, es esa otra propuesta de la Asamblea Nacional de Cataluña, uno de cuyos dirigentes ha declarado su intención de “subir a los balcones, como en 1931, y proclamar la república catalana”, en alusión a la fantasmada del famoso Maciá que proclamó “l’Estatcatalá”, aún antes de que proclamara en Madrid la II República. La ANC debería explicar que aquello acabó en nada, como en nada acabó la segunda proclamación que, el 9 de octubre de 1934, hizo Companys, presidente de la Generalidad, que terminó aún peor pues el general Batet, de acuerdo con el ministerio de Gobernación de la República, proclamó el estado de guerra y en pocas horas acabó la ridícula intentona, no sin algunas bajas, como hemos recordado aquí, hace año y medio, con motivo de la primera “gloriosa” Diada de Artur Mas.

Estos nacional/separatistas catalanes, a vueltas con su referéndum –que a veces llaman “consulta”, como para disimular- parecen no haberse enterado de que no hace todavía un mes en Crimea se ha celebrado un referéndum de independencia de Ucrania (para integrarse en la Federación de Rusia) que, aunque ha tenido un enorme respaldo en las urnas, no ha sido reconocido por ninguna instancia internacional. Era tan ilegal y tan contrario a las normas nacionales e internacionales como el que pretenden celebrar Mas y sus acólitos. Y tendría la misma respuesta en todas las instancias responsables de eso que solemos llamar la comunidad internacional. Salvo que en este caso, ni la misma Rusia iba a reconocer esa hipotética independencia. A no ser, quizás, que propongan a Putin integrarse en Rusia. Y no quiero dar ideas, porque alguno de estos genios del soberanismo puede hasta tomarla en serio.