De okupas y comunistas en Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía retiraba ayer las competencias a la Consejería de Vivienda, en manos de Izquierda Unida, tras saberse que había entregado llaves de pisos de protección oficial a okupas afines, saltándose así la lista de espera pertinente. El asunto es sumamente grave aunque, por desgracia, no parece que la postura de Susana Díaz vaya a pasar de una mera impostura cara a la opinión pública.

La ejecutoria de los comunistas, socios del PSOE en la Junta, es pública y notoria. Una ley que permite paralizar expropiaciones a los bancos -por lo demás, legítimos propietarios de los bienes inmuebles que pretenden ejecutar, por impopular que resulte- incautar terrenos donde se suponga que hay fosas comunes de la Guerra Civil, “ocupación” de fincas y edificios privados y saqueo de hipermercados son una carta de presentación que les retrata a la perfección.

Las personas que se hallen en situación de necesidad y estén en la lista para obtener una de las viviendas de la Junta tienen que estar indignadas por esta nueva corruptela de naturaleza caciquil, y con razón. Con todo, la estafa no es sólo hacia ellos, sino que afecta al conjunto de una sociedad que cada vez ve más grietas en uno de los pilares fundamentales del estado de derecho como es la seguridad jurídica. Y mientras nadie ponga en su sitio a quienes la violentan, éstos seguirán perpetrando sus “hazañas” con total impunidad. El final de ese camino tercermundista es la huida o la precariedad de las inversiones y más paro.