El desenlace de las últimas elecciones costarricenses, que ha supuesto el fin del bipartidismo tradicional, refleja una firme reacción de la ciudadanía para frenar la creciente corrupción detectada en el país.
A falta del resultado definitivo del escrutinio de la segunda ronda, aún por concluir, el escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales en
Costa Rica revela una enérgica reacción del electorado contra la corrupción política en el país que ha desembocado en el colapso de un bipartidismo que parecía inamovible. Todo un síntoma de salud política en el electorado costarricense y un aldabonazo que resuena como un serio aviso en toda la región.
El último informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) avisaba de un aumento generalizado de la
corrupción en Centroamérica, impulsado por la proliferación de grupos de crimen organizado cuya actividad requiere el deterioro de las instituciones públicas para facilitar el creciente tráfico de armas, drogas y personas. El resto de Hispanoamérica ratifica los anteriores informes de TI, que, empleando una escala de 0 (sumamente corrupto) a 100 (libre de corrupción), sitúa como más corruptos a Nicaragua (28 puntos), Honduras (26) y Paraguay (24), y en el punto máximo de esta lacra en todo el continente Venezuela con 20 puntos, muy cerca del estrago absoluto. En cambio, el ranking se encuentra encabezado por países latinoamericanos con un alto grado de transparencia: Uruguay (73), Chile (71) y Costa Rica (53). Una posición envidiable en el área hispanoamericana que los ciudadanos costarricenses consideran, sin embargo, insuficiente y que han decidido afrontar en un rasgo inequívoco de vigor democrático.
El resultado ha sido el derrumbe ante las
urnas de la política tradicional representada por el Partido Liberación Nacional (PLN), hasta hoy en el poder, y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que durante décadas han venido alternándose al frente de la república, dando paso a una organización de nuevo cuño, el Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyo líder Luis Guillermo Solís ha pulverizado todos los pronósticos y dejado fuera de juego a unas formaciones clásicas atrapadas en fórmulas políticas cada vez más viciadas.
Un síntoma claro de ese deterioro han sido los
escándalos de corrupción que en la última década han afectado a diversos expresidentes de Costa Rica, que en ocasiones han derivado en condenas de cárcel. Es el caso, por ejemplo, del expresidente de la República Rafael Ángel Calderón al frente del PUSC, involucrado en el Juicio Caja-Fischel, donde un préstamo del Sampo Bank que avaló el Gobierno de Finlandia para renovar el equipo médico de la seguridad social costarricense acabó en un proceso judicial en el que se consideró culpables a destacadas figuras políticas. Entre ellas el propio expresidente Rafael Ángel Calderón, a quien se le impuso una pena de cinco años de prisión. En aquel momento, la opinión pública estimó que una corrupción de este calibre significaba un inaceptable lastre para la economía y las sentencias supusieron un mensaje severo a personajes muy influyentes no solo de la política sino también de la Administración y el mundo empresarial.
No era el primer caso ni el último de tramas de corrupción que apuntaban hacia el más alto mandatario del país. Así sucedió con José María Figueres Olsen, perteneciente al PLN, acusado de aceptar sobornos de la empresa francesa Alcatel, recibiendo también dinero no declarado de la exsecretaría del Partido Liberal Nacional. No menos sonado en esta última década ha sido el proceso contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echevarría, del PSUC, que debió renunciar precipitadamente a su cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer frente a las acusaciones de presunta corrupción presentadas por las autoridades de San José.
En 2012 la Cámara de Comercio de Costa Rica realizó un “Informe de la Corrupción” donde subrayaba que las prácticas corruptas no se limitaban a los casos de soborno y dádivas, como los antes descritos, sino que abarcaban también el abuso de autoridad, el favoritismo y creación de privilegios, el tráfico de influencias y el abuso de poder. En la encuesta, la población ya respondía elocuentemente ante la evolución del problema, juzgando el desenvolvimiento de la corrupción como muy grave el 68 %, y el 25 % grave. Costa Rica, dotada de clases medias ilustradas y con una gran inversión en capital humano, había tomado conciencia clara de una amenaza que no dejaba de crecer.
Las elecciones celebradas el pasado domingo constituyen una respuesta coherente a ese
desafío. El Partido Acción Ciudadana propone otros modos de ejercer el poder y su líder, Luis Guillermo Solís, es un intelectual que viene desde fuera de la actividad política con un discurso regenerador creíble. Historiador y politólogo, acreditado profesor de la Universidad de Costa Rica, comenzó la campaña electoral de una forma modesta y sin grandes expectativas, lastrado por el escaso conocimiento de su figura entre la opinión pública. Conforme el debate entre los diferentes candidatos empezó a difundir la imagen del profesor desembarcado en la lucha política, el PAC fue ganando inexorablemente posiciones. Ya en la primera vuelta del pasado 2 de febrero Luis Guillermo Solís batió al candidato oficialista del PLN con el 30, 65 % de los votos, frente a su contrincante que se quedó con el 29, 71 %. En la segunda vuelta se culminó este fulgurante proceso sociológico, donde Solís recabó el 78 % de las papeletas, en un triunfo histórico apabullante que dejaba en situación marginal a los dos partidos -PLN y PUSC-, que habían controlado hasta ese instante el escenario político costarricense.
La ciudadanía había reaccionado en las urnas contra una creciente corrupción y se había rebelado de modo contundente contra la autocomplacencia de las organizaciones clásicas que creían tener todos los resortes bajo control. El propio Luis Guillermo Solís es muy consciente de este hecho al declarar: “Nuestra ola se transformó en un tsunami que arrasó la política tradicional.”
No son pocos los retos que debe encarar el nuevo presidente, cuyo reformismo ha de resolver al mismo tiempo el problema fiscal del alto déficit del país, y conseguir recursos para hacer crecer el Estado del Bienestar, y paliar las bolsas de extrema pobreza que aún subsisten en la nación. En cualquier caso, la reacción de la ciudadanía de Costa Rica marca el camino de otros países con emergentes clases medias –Brasil, México-, implicados en circunstancias de corrupción muchísimo más graves que la costarricense. O se les da una salida democrática regeneradora o las convulsiones sociales pueden adquirir tintes muy preocupantes.