Reforma judicial: silenciar el derecho ciudadano

En democracia, aquél que juzga el delito para proteger al conjunto de la sociedad ha de ganarse el respeto desde el criterio de los ciudadanos que están supeditados a la Justicia no sólo por la imposición. No es lo mismo respetar que temer y una Justicia temida que no respetada es un peligroso precedente de revoluciones sociales, máxime cuando se acompaña de una crisis generalizada que afecta a millones de personas. Ignorar la corrupción judicial y penalizar a quienes la denuncian es el atajo más peligroso para delimitar la básica libertad por la que tan caro precio se ha pagado en España.

Este país nuestro está sembrado de sospechas en los tribunales que han perpetuado la irregularidad hasta el punto de convertirla en factor determinante sobre la que se asientan nuestros precarios equilibrios institucionales. La culpa es de algún desmán de la Justicia y no de los ciudadanos sometidos a ella. Ignorarlo es flaco favor a la oportunidad de enmendar los crasos errores que han servido de brújula trampeada para nuestros propósitos democráticos. De ahí la percepción de que somos menos libres que cuando nos propusimos una convivencia colectiva bajo las directrices de una solidaria proyección constitucionalista hoy en franco declive. Triste es decirlo, la Justicia nos ha recortado derechos con la tijera política; ésa es la alarmante realidad.

Bueno es oscurecer a los llamados jueces estrellas pero no silenciar el derecho a denunciar la irregularidad judicial.
Blindar la imparcialidad jurídica es una cuestión que difiere mucho de la intención de la reforma judicial en ciernes que pretende, en realidad, blindar la impunidad del arbitrio jurídico bajo sospecha de la ciudadanía. Algo muy distinto. Dar por hecho la integridad de todos los jueces con tan vergonzantes antecedentes, ya históricos, que han protagonizado capítulos de nuestra oscura democracia, es como asegurar que los elefantes rosas existen y además vuelan. El caso es tragar y a la fuerza, como el saqueo perpetuo del ciudadano que costea con impuestos y multas el descalabro de los políticos aforados a perpetuidad en un bucle de transigencia y permisividad que ha terminado arruinando al país.

Existen jueces íntegros y otros no lo son. Algún aspecto de la reforma de Gallardón es contra el ciudadano y el derecho al conocimiento y a la visión crítica de una labor justificadamente cuestionada. Además facilita la exterminación del adversario político que no puede presentarse a elecciones con sólo estar imputado de corrupción, aunque después se demuestre la inocencia. Un peligroso instrumento de manipulación a merced de las malas artes acostumbradas de nuestra clase política asociada descaradamente con el designio judicial.

Las obras califican a quienes las realizan. Algunos jueces ratifican con sus decisiones un proceder alejado de la imparcialidad por mucho que se disfrace de respeto la decisión. El respeto se merece, no se impone. Proteger la irregularidad jurídica bajo sospecha, condicionaría la misma disfunción en los tribunales pero sin réplica de la sociedad perjudicada por esas impunidades. La transparencia es indispensable en el derecho de observar la diligencia o la inepcia de lo togado.

Es necesario que la sociedad mida su grado de salubridad diagnosticando lo que la enferma, como es la suelta de asesinos y violadores. Porque evidencia insalubre, verbigracia, ha sido la supeditación de los jueces españoles, o no, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que han permitido arbitrariamente la excarcelación de criminales de toda índole, cuando por contra se negó antaño la mínima garantía procesal a José María Ruiz-Mateos por el expolio delictivo de Rumasa, en tanto en cuanto el empresario y financiero fue exculpado de toda imputación en 1997. Evidente e inexplicablemente asumido por la repetidamente engañada sociedad española.

Derecho moral e inexcusable es denunciar semejantes indignidades cuando otros no se revisten de esa integridad que los ciudadanos no se cuestionan por capricho sino, paradójicamente, por imperativo democrático
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Existe una percepción generalizada de que Justicia no es sana. La reforma debería ser interna empezando desde los estadios políticos que contagian a los tribunales. Si no lo reconocemos, el tumor se expandirá y sin control intimidando a los que lo denuncien. Una reforma basada en la coacción contra los ciudadanos es una vía libre al proceso desintegrador de nuestras elementales libertades, las que nos caracterizan al margen de lo dictatorial.

No son pocos los episodios oscurantistas de nuestra democracia que sólo fueron posibles con la aniquilación de la separación de poderes provocada por el felipismo. Desde entonces toda criminalidad fue posible con el encubrimiento de comisarios políticos ejerciendo en apariencia como jueces de la democracia.

Porque si de deberes hablamos, los ciudadanos han de cumplir con las obligaciones de la Ley para la buena marcha de nuestros procesos de convivencia del mismo modo que la Justicia ha de garantizar la imparcialidad del criterio para la mejor trascendencia de los órdenes que se pretenden establecer como reglas comunes, basadas en la confianza que el sistema está obligado a impulsar para evitar el recelo del pueblo al que se juzga. Respeto que no temor es la clave de nuestra libertad.