Alaya vuelve a citar como imputados a los dos exdirectores de Presupuestos

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado nuevamente a declarar como imputados el próximo día 12 de mayo a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, todo ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara la imputación de ambos y pidiera a Mercedes Alaya que dictara una nueva resolución donde expusiera con "mayor precisión" los hechos que les atribuye.


La juez Alaya ha citado nuevamente a declarar como imputados a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, todo ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara la imputación de ambos y pidiera a Mercedes Alaya que dictara una nueva resolución donde expusiera con "mayor precisión" los hechos que les atribuye.

En un auto conocido este martes, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla anuló la imputación de ambos exaltos cargos argumentando que "no se estima que, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso analizado, el auto directamente apelado se ajuste a las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso" de los recurrentes.

Tras ello, la magistrada ha dictado un auto, consultado por Europa Press, en el que reproduce a ambos la imputación que les fue leída "detenidamente" de manera previa a su declaración judicial y los cita nuevamente a declarar el próximo 12 de mayo "con el fin de colmar la exigencia de sus derechos de defensa", tal y como hizo en su día con la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Asimismo, y en virtud de lo acordado por la Audiencia Provincial de Sevilla, la instructora deja sin efecto las fianzas de responsabilidad civil de 46,6 y 1 millón de euros impuestas en su día a Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, respectivamente, dejando en este sentido sin efecto "cuantas diligencias se hubieren acordado en orden a asegurar la fianza señalada".

La juez Alaya indica que, al término de las declaraciones del próximo 12 de mayo, se celebrará una comparecencia "para decidir, en su caso, la adopción de dichas medidas". En el auto, la magistrada asevera que "la responsabilidad de introducir el crédito de transferencias de financiación al IFA en el presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser aplicado a otorgar subvenciones, sería entre otros" de los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, así como de los exdirectores generales de Presupuestos imputados.

"Máxime, cuando en la Consejería de Hacienda se elaboró el presupuesto de IFA, reflejando indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la agencia realizaba eran pagos por cuenta de la Consejería, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal", añade Alaya.

Centrándose en Aguilera y Lozano, dice que los "indicios" apuntados contra ambos "parten no sólo del dato objetivo" de que han ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos, sino también del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010.

Argumenta la juez que, analizando dicho informe y el deber de analizar los programas y en concreto el programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles', su conclusión es que "reiteradamente desde el 2002 al 2009 --siendo Lozano director de Presupuestos y Aguilera jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria--, se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo".

La juez recuerda, por último, que el informe de los peritos de la Intervención General del Estado ya expuso que la Dirección General de Presupuestos, "a cuyo frente" se encontraba Lozano, "no impidió, en uso de sus atribuciones, la consignación improcedente de las partidas presupuestarias de transferencias de financiación a IFA/IDEA en el programa 31L de la Consejería de Empleo, primero en el anteproyecto, luego en el proyecto, y finalmente en la Ley de Presupuestos", lo cual "posibilitó su indebida aplicación a la concesión de subvenciones por dicha Consejería".