Domingo 04 de mayo de 2014
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, manifestaba ayer su intención de “blindar” las actuaciones de la Guardia Civil para que no sea sistemáticamente cuestionada. Se refería el ministro a los incidentes en el vallado de Melilla acaecidos el pasado jueves, cuando un numeroso grupo de subsaharianos trató de entrar ilegalmente a España.
Igual que otras veces, los inmigrantes se comportaron de forma manifiestamente violenta y, del mismo modo, PSOE e Izquierda Unida volvieron a hacer gala de su habitual demagogia, poniendo más el acento en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en quienes trataban de violentar la legalidad vigente. Justo en base a esa legalidad vigente, la labor de todo funcionario público debe estar sujeta a fiscalización; tal el es caso de los agentes de la Guardia Civil que custodian la frontera.
Bastaría con dotarles de mayores medios y de no dificultar su cometido diario, poniendo todo tipo de trabas al uso de material antidisturbios. Pero utilizar la palabra “blindar” puede dar lugar a equívocos tan poco deseables como injustos. Urge, eso sí, que el Ejecutivo español de una imagen de firmeza que disipe en la medida de lo posible el efecto llamada y adopte medidas en un problema que se le empieza a ir de las manos.