Lunes 12 de mayo de 2014
Este fin de semana pasado se han producido en Estados Unidos diversos actos en contra de la pena de muerte. Como telón de fondo, la ejecución a finales del mes pasado de Clayton Lockett en Oklahoma, a quien la administración de la inyección letal le produjo fuertes convulsiones y una dolorosa agonía antes de la muerte. En otros casos se ha hablado de presuntas irregularidades procesales o de estrategias de defensa equivocadas, que han acabado derivando igualmente en la muerte del reo.
Sea como fuere, todo lo anterior se sabe porque la transparencia rige en la administración de justicia estadounidense. Allí los acusados tienen derecho a un juicio justo, a diferencia de lo que sucede en otros muchos países -sobre todo musulmanes- donde no sólo existe también la pena de muerte, sino que la violación de los derechos humanos es sistemática. Qué decir de China, que no aporta datos sobre las ejecuciones que se producen cada año pero que, según estimaciones fiables, serían más de 3.000. Con el agravante añadido de que la familia del condenado ha de sufragar parte de los gastos de la ejecución.
La lucha contra la pena de muerte no debe focalizarse en un solo país. Ejecutar a un ser humano es un acto execrable se cometa donde se cometa. ¿Porqué entonces fijarse únicamente en Estados Unidos, donde además la pena capital no se aplica en todo el país sino sólo en unos cuantos estados?
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