España agitada y representantes políticos torpes

La próxima semana moderaré un coloquio que la UNED me ha propuesto con el título: “Homenaje a Adolfo Suárez: lecciones para el futuro”. Los ponentes del coloquio serán José María Martín Oviedo, Marcelino Oreja Aguirre y Felipe González Márquez, que además de las importantes responsabilidades políticas y sociales que ostentaron, tienen en común -tenemos, pues yo participo de la misma condición- la cualidad de haber sido parlamentarios constituyentes, es decir, protagonistas de la Transición que está unida al nombre de Adolfo Suárez, presidente del Gobierno durante ese periodo.

El acto coincide casi exactamente con el 37º Aniversario de las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, que ganó Adolfo Suárez con su UCD, y además se celebrará unos días antes de que el Rey Juan Carlos I ceda la titularidad de la Jefatura del Estado a su hijo, el futuro Rey Felipe VI.

Ordeno mis ideas escribiendo mis impresiones sobre el momento que vivimos. Que España está agitada será uno de los temas posibles en el coloquio. Como siempre en mi proceder, busco en libros de historia argumentos con los que construyo mi opinión sobre la situación presente.

Me llamó mucho la atención que un diputado actual a Cortes, persona sensata y moderada, me confesara que se sentía desbordado por el hecho de que miles de personas pedían en manifestación que se votase la Monarquía como forma del Estado. Conocía cuáles eran las normas constitucionales, incluso sabía las consecuencias malísimas que ocasionaría esa crisis añadida -y aumentada- a la crisis actual, pero el diputado sentía algo así como que un proceso revolucionario -es decir, saltándose las leyes- se estaba poniendo en marcha en nuestro país.

Creo que pude manifestarle que no cayera en el síndrome de movimientos asamblearios como el famoso 15-M, que evitara las sugestiones de sus actuales herederos partidarios, y en resumen, que rechazara el síndrome de inventar falsos e imposibles derechos, como el extravagante “derecho a decidir”. Opiné que la soberanía en un Estado democrático reside en el pueblo, pero siempre inserto dentro de un Estado con leyes e instituciones representativas que se han de respetar. Esa pasión primitiva por votar en referéndum popular todo, y en todo momento, aparte que siempre condujo a dictaduras de un solo partido o de un solo credo, nos plantea, en su versión supuestamente compatible con la democracia, el problema de los precedentes: si somos partidarios de someter a referéndum la Monarquía, o la posibilidad de que Cataluña sea un nuevo Estado, ¿por qué no se someten también a votación instituciones como “la libertad de cátedra”, “la supresión de la pena de muerte y demás penas degradantes”, “el derecho de reunión y manifestación”, “la libertad ideológica, religiosa y de culto”, “el derecho de huelga y la libertad sindical”, etcétera, etcétera, instituciones que también están reguladas con la misma protección que la Monarquía parlamentaria, nuestra forma de Estado?

Ese optimismo ingenuo, propio de recientes líderes que gobernaron sin ideas pero en todo momento con encuestas, desconoce que la historia no conduce siempre hacia el progreso: hace treinta y cinco años en España no existían derechos, desde la libertad de pensamiento hasta el derecho de asociación sindical, por ejemplo, que sí estuvieron reconocidos cien años antes.

Lo asombroso es que portavoces de partidos de izquierda, con marchamo de cultura avanzada, mantengan ideas sobre el progreso y sobre la monarquía que tienen más de cien años de antigüedad. Así, Cayo Lara, sin inmutarse, contrapuso “monarquía” a “democracia” en nuestros días. ¿No son democráticos estados monárquicos como, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o el Reino Unido? ¿Repúblicas como China, Irán, Cuba o Venezuela -por citar ideales republicanos de estos dirigentes españoles- son realmente ejemplos de libertades, de derechos civiles, y de bienestar social?

Pero más estremecedor ha sido conocer la postura de algunos representantes españoles favorables al “derecho a decidir”, en este caso, cuando han manifestado su oposición a que no se someta a referéndum la proclamación de Felipe de Borbón como Jefe del Estado. No sólo porque existan representantes que se saltan las leyes a su antojo, sino porque se retratan como torpes aficionados del oficio de la política. ¿Han comprendido el alcance político de esta frase del discurso de abdicación del Rey?: “Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando…”. Pues bastantes conservadores políticos sí que la han comprendido. La interpretación que han hecho tiene calado histórico. Según ellos, las palabras del Rey pueden dejar al presidente del Gobierno como si fuese otro Carlos Arias Navarro, el primer presidente del Gobierno de la Monarquía que cayó por no realizar las reformas necesarias.

Una coda sobre las ventajas de la neutralidad política que caracteriza al Rey como Jefe del Estado: una frase como la pronunciada por Juan Carlos I tendrá una vigencia mucho más prolongada que si hubiese sido pronunciada por un presidente de la República, siempre partidista. El artículo 56 de la Constitución define esta dimensión moral: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.”