CHILE
Jueves 15 de mayo de 2008
La resolución favoreció a Sergio Barros Von Kretschman, Ricardo Riesco Cornejo, Adolfo Walbaum Wieber, Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga y Carlos Costa Canessa, a quienes se les fijó una fianza de un millón de pesos (unos 2.173 dólares).
Según el dictamen del tribunal de alzada, no hay "antecedentes calificados que permitan estimar que la prisión aparezca como necesaria para el éxito de la investigación o que la libertad de los procesados sea peligrosa para la seguridad de la sociedad".
Tras el dictamen, activistas de agrupaciones de derechos humanos realizaron una protesta en el Parlamento contra el senador derechista y ex jefe de la Armada chilena, Jorge Arancibia, por su apoyo a los marinos procesados por el secuestro y la posterior desaparición del sacerdote.
Una veintena de personas irrumpió en el hemiciclo del Senado gritando consignas y lanzando panfletos alusivos al parlamentario de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), durante una sesión en la que se votaba el proyecto de ley que busca crear un cuerpo de soldados profesionales en las Fuerzas Armadas.
La protesta terminó con el desalojo de las tribunas del Senado, ordenado por el presidente de la corporación, Adolfo Zaldívar, sin que se registraran personas detenidas.
Los seis oficiales fueron procesados el pasado 18 de abril por el delito de secuestro calificado por la jueza Eliana Quezada, siendo la primera vez que la Justicia procesa a altos oficiales de la Armada por violaciones a los Derechos Humanos.
Miguel Woodward, de nacionalidad chileno-británica, trabajaba en barrios pobres de Valparaíso y fue detenido el 16 de septiembre de 1973, días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, tras lo cual fue torturado en el buque escuela Esmeralda.
Su rastro se perdió tras haber fallecido en un hospital de Valparaíso a causa de las torturas a que fue sometido.
A la audiencia de hoy, en la Corte de Apelaciones, asistieron unos 80 oficiales retirados de la Marina, lo que fue considerado como una presión por cercanos al sacerdote asesinado, que durante muchos años lucharon para que se haga Justicia en el caso.
"La Armada está aquí presente con almirantes en retiro", afirmó al respecto Javier Rodríguez, portavoz de la organización Amigos de Miguel Woodward, a los periodistas.
Agregó que la presencia masiva de oficiales retirados en el tribunal era "peligrosa" para el proceso.
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