Lunes 30 de junio de 2014
La coronación hoy miércoles de Felipe VI como Rey de España es posible en términos estrictamente legales en virtud de la ley de abdicación firmada ayer por Don Juan Carlos. Dicha firma se produjo en un acto solemne, con la presencia de las más altas autoridades del Estado -salvo los presidentes autonómicos de Euskadi y Cataluña- y en el Salón de Columnas del Palacio Real. Es una de las pocas concesiones al boato y teatralidad inherentes a toda monarquía que, bien por complejos bien por ignorancia conceptual, han hecho que todo este proceso parezca de perfil bajo.
Monarquía parlamentaria, que no monarquía sin más. La alusión a dicho carácter parlamentario lleva aparejada una doble carga de fiscalización y modernidad. Don Juan Carlos accedió al trono en unas circunstancias bien distintas a las que rodean a Don Felipe en la actualidad. Y en ambos casos, el soporte constitucional es más que sólido.
En el primero, por la Carta Magna entonces de reciente aprobación. En el segundo, porque dicho compromiso constitucional sigue vigente hoy, como así lo certificó la aprobación hace una semana en sede parlamentaria -con un 90 por ciento de apoyo, conviene recordarlo- del proceso de abdicación. El carácter hereditario -vigente desde el siglo XI- es inmanente a la institución, y su incardinación en una Constitución garante de derechos y libertades sinónimo de normalidad institucional.