Lunes 30 de junio de 2014
El proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita aforar a Don Juan Carlos ha generado una polémica con varios flecos: ¿Se quiere hacer con demasiadas prisas y poco consenso? ¿Existen motivos suficientes que la justifiquen? ¿Hay demasiados aforados en España? Empezando por el final, la respuesta es forzosamente afirmativa: hay más de 10.000, de los cuales unos 2.000 son políticos. Se trata de un número mucho mayor del que hay en otros países de la UE, y que el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, Carlos Lesmes, estimaba conveniente reducir hace pocas fechas.
Por definición, aforado es una persona que bien por ejercer un cargo público o por su profesión tiene derecho a ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería si fuese imputado por la comisión de un delito. Tiene sentido en ciertos casos, bien sea por evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a según qué personas, o por el riesgo de una excesiva judicialización en las circunstancias de dichas personas, o bien, por el protagonismo mediático de algunos jueces. Casi cuatro décadas han transcurrido desde que fuese coronado Don Juan Carlos, tiempo y coyuntura suficientes como para que dicho aforamiento se lleve a cabo. Por otra parte, sería deseable que una reforma de tanto calado tuviese el mayor consenso posible, y es ahí donde PP y PSOE han de hacer un esfuerzo por concretar un acuerdo al que puedan sumarse otros grupos. Y de paso, que los servicios jurídicos del Estado actúen con celeridad y precisión en la misma medida.