Moncloa conoce la fecha y las preguntas del referéndum desde diciembre de 2013. En enero de 2014, Mariano Rajoy aseguró tener un "plan" para frenar el proceso. De ser así, se desconoce por qué aún no lo ha llevado a cabo y evitado seis meses de repetitivo intercambio de mensajes entre Madrid y Barcelona. No es la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno estira un plazo hasta límites cuestionables, aunque la estrategia pase en parte por ignorar al oponente. Toda voz que se consulte dentro o en el entorno del Ejecutivo responde de la misma forma: no habrá reunión con Artur Mas hasta que suspenda la consulta. Sin embargo, igualmente unánime es el silencio cuando se pregunta a estas personas cómo lograrán parar al presidente catalán.
Pasado el verano restarán poco más de dos meses para el 9 de noviembre. La cuenta atrás. EL IMPARCIAL ha querido conocer en qué punto se encuentra la preparación de esa jornada, cuáles son los hechos, pues las palabras inundan ya a diario las portadas y las aperturas de los telediarios. El resultado ha sido la constatación de que el tiempo que Moncloa deja pasar se está aprovechando desde el otro lado del puente aéreo para atar no sólo el referéndum, sino también las réplicas a posibles contraataques del poder central y hasta los pasos a dar en función de aquello que los catalanes decidan -o decidieran- en las urnas.
Desde CiU denuncian a este periódico la negativa del Gobierno a una reunión y no están dispuestos a conceder a su interlocutor la condición que exige para que el encuentro tenga lugar. Los nacionalistas prefieren una consulta que tenga el visto bueno del Ejecutivo, mientras que el Ejecutivo replica que Mas ya tuvo ocasión de explayarse al respecto en la sesión que el Congreso de los Diputados dedicó a este asunto. Fuentes de ERC expresan la misma queja: "Pedimos colaboración y se nos niega, y tampoco nos ofrecen alternativas". Asimismo, añaden desde esta formación, Exteriores está impidiendo que puedan "explicar" sus planes fuera de nuestras fronteras en "embajadas o foros de debate", afirman.
Los republicanos garantizan a este medio que "por supuesto, todo sigue adelante", que los promotores de la consulta están centrados en la "organización" del 9-N y que, en lo legislativo, están volcados en la Ley de Consultas, que se tramita estas semanas en el Parlament. Esta norma tiene carácter general y no particular. Es decir, válida para convocatorias futuras sobre esta u otras materias. De hecho, carece de menciones explícitas a la cita de noviembre, lo que busca esquivar un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional tras su aprobación, proyectada en septiembre.
La postura de ERC es inamovible. "No damos legitimidad a que se diga que la consulta es ilegal", insisten las fuentes consultadas, que garantizan tener más cuestiones cerradas que el modelo de urnas o papeletas: "Ponemos las bases para un posible resultado afirmativo, para poder asumir un periodo de transición". Por último, descartan caminos intermedios o negociados con CiU o con Madrid que no pasen por preguntar a los catalanes: "El acuerdo es poner las urnas, cualquier otro escenario no se contempla".
Si el verano transcurre como se espera, el Gobierno volverá en septiembre al despacho con un problema urgente para sus intereses pese a llevar tomando forma y creciendo más de nueve meses. Se verá entre la espada y la pared al hallarse con presión de los propios para una pronta solución y con un independentismo crecido que ve cada día más cerca cumplidas sus aspiraciones. La consulta se precipita sobre Rajoy y aún no hay pistas sobre el "plan".