El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido este viernes que se limite el aforamiento de los cargos públicos al entender que se ha convertido en un "privilegio personal" que continúa en el tiempo en lugar de desaparecer cuando se cesa en el cargo.
Fuentes jurídicas han informado de que esta petición figura en el informe al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy y en el que también solicita que don Juan Carlos y doña Sofía estén aforados ante el Tribunal Supremo. El texto señala que esta figura puede significar "una afectación del principio de igualdad procesal", al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, "persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal". El aforamiento "no es una condición inherente" al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, "mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña", explica el informe. De esta forma, muestra su oposición a la extensión temporal que la reforma impulsada por el Gobierno establece y propone que el aforamiento se vincule al ejercicio de la función en el cargo "cesando cuando cese aquel", es decir, que desaparezca cuando finalice el desempeño público. El Consejo sostiene que esta figura "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión" por lo que plantea "la necesidad de su limitación ad personam". Por otra parte, el texto aboga por aforar a don Juan Carlos y doña Sofía ante el Tribunal Supremo en su nuevo estatuto jurídico tras la abdicación. El informe explica que "por circunstancias sobrevenidas" a la elaboración de esta reforma, "resulta necesario regular el estatuto jurídico" de don Juan Carlos y doña Sofía, "atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento". Sobre este asunto, el informe valora la propuesta de Justicia de incluir en la relación de aforados que contempla la reforma a la Reina consorte o el consorte de la Reina, el Príncipe heredero y su consorte "al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado". Con relación a esta lista, recomienda la utilización de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la Princesa heredera".