Lunes 30 de junio de 2014
Este pasado miércoles se conocía la imputación formal de la Infanta Cristina en el marco del caso Noos, cuya instrucción se cerraba por fin tras cuatro largos años. El fiscal, Pedro Horrach, recurría dicho auto de imputación en un duro escrito en el que acusaba al juez Castro poco menos que de magnificar pruebas indiciarias al tiempo que habría obviado evidencias que exculparían a la hermana del Rey. El juez, por su parte, respondía al fiscal que si tan seguro estaba, interpusiera una querella por prevaricación, cargando a su vez contra no se sabe muy bien quién.
Por si faltaba alguien, el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, reconocía implícitamente su interés en la causa al afirmar que “nosotros hemos llevado siempre la misma línea argumental”. No se sabe si es plural mayestático o si al señor Torres Dulce le ha traicionado el subconsciente, pero lo cierto es que la frase es muy poco afortunada. Y peor aún resulta el espectáculo dado por juez y fiscal, al más puro estilo “riña a garrotazos” de Goya. La discreción que debe ser seña de identidad en la administración de justicia brilla aquí por su ausencia. Los jueces no deberían hablar más que por sentencias y resoluciones.
Motivos espurios, guerra de egos o lo que quiera que sea, lo cierto es que a todo este asunto le sobra estridencia. En el otro lado, dos jueces cuyo timbre de voz no se conoce, y que huyen de los focos, limitándose a hablar a través de sus resoluciones: Ruz en el caso Bárcenas y Mercedes Alaya en los ERE. Ambos casos tienen tanta o más notoriedad que Noos, y ambos, por contra, tienen a jueces y fiscales discretos: es lo mínimo que hay que exigir a Horrach, Castro y Torres Dulce.