El Consejo de Ministros ha incluido dentro del paquete de medidas económicas aprobado este viernes un ajuste de las retribuciones del sistema gasista por importe de 238 millones de euros, equivalente a un 7% de los 3.350 millones de costes anuales regulados de este sector.
Este recorte de retribución tiene como objetivo aplacar un déficit de tarifa acumulado en el sector del gas de 400 millones a cierre de 2013, que habría alcanzado los 800 millones a finales de este año.
El ajuste se realizará además sin necesidad de subir los peajes de gas al consumidor, al menos mientras no haya fuertes caídas de demanda ni significativos desajustes temporales a partir de 2015.
El 46% del recorte, o unos 110 millones, corresponde a la distribución, en la que Gas Natural Fenosa, con un peso del 70%, es la principal empresa, y en la que participan otros operadores como Redexis.
El transporte, del que se hace cargo en su mayor parte Enagás, asumirá un 41% del recorte, o 97 millones, frente al 10%, o 23 millones, de las regasificadoras, y el 3%, o unos 8 millones, de los almacenamientos subterráneos de gas
El déficit de tarifa acumulado, que se produce porque los ingresos destinados a la parte de peajes del recibo son inferiores a los costes regulados, es fruto de la caída de la demanda de gas y de la entrada de nuevas instalaciones en el sistema.
Déficit hasta 2014
La nueva regulación establece que el déficit acumulado a cierre de 2014, que ahora serán unos 600 millones frente a los 800 millones antes del recorte, deberán ser financiados por las empresas con actividades reguladas.
De esta forma, se convertirá en una deuda que, como en el caso de la electricidad, irán devolviendo los consumidores de gas en el plazo de quince años.
En cuanto al déficit que se produzca a partir de 2015, habrá subidas de peajes de forma automática cuando el desajuste supere el 10% de los costes anuales previstos, unos 300 millones, o cuando la deuda acumulada supere el 15% de estos costes, esto es, unos 500 millones.
Las nuevas reglas retributivas se revisan en periodos de seis años y parten de la misma filosofía de la ley de desindexación de la economía. En este caso, el Gobierno ha actuado ante un déficit incipiente que no ha alcanzado las dimensiones del eléctrico.
Tasas de rentabilidad
Tomando como base el modelo de retribución a la distribución, el Gobierno ha fijado unas tasas de rentabilidad fija del 5,2% para las distintas actividades, que se completará con otra tasa variable.
En el caso del transporte, la tasa variable tendrá un peso del 25% sobre el retorno total y dependerá de la evolución de la demanda. Se considerará el valor neto de los activos y una vida útil de 40 años.
Para la distribución, en la retribución variable se dará más peso al volumen de energía vendido que al número de clientes, con el objetivo de incentivar el desarrollo de infraestructuras allí donde exista más bolsa de demanda. También se incentiva la gasificación de nuevos municipios.
Contratar a jóvenes menores de 25 años será bonificado con 300 euros al mes
El Gobierno ha aprobado el 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil', cuyo objetivo es que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que no estén ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación reciban una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar en el paro. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad se eleva hasta los 30 años.
El número potencial de beneficiarios de la garantía juvenil, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanza los 840.000. Para beneficiarse de esta garantía juvenil, los jóvenes deberán darse de alta en un registro único en el que trabajarán todas las administraciones.
La ministra ha anunciado que para apoyar la contratación juvenil se establece una 'tarifa joven', consistente en una bonificación mensual en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante un máximo de seis meses (1.800 euros en total), de la que podrán beneficiarse las empresas, incluidos los autónomos y las entidades de la economía social, que contraten indefinidamente a un joven inscrito en la garantía juvenil.
Esta 'tarifa joven', en vigor hasta el 30 de junio de 2016, será compatible con el resto de incentivos, siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. Además, la empresa deberá mantener al joven trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. Si lo despide antes, deberá reintegrar la bonificación.
Asimismo, las empresas que hagan uso de esta bonificación estarán obligadas a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantenerlo durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada alcanzará como mínimo el 50% de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros para este supuesto en función de la jornada de trabajo.
La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada uno de los beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil que sea contratado, con independencia del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa por dicho trabajador.
La norma introduce otros incentivos para los contratos formativos que se hagan con jóvenes de la garantía juvenil. Así, en el contrato de formación y aprendizaje se prevé que, para los beneficiarios de la garantía juvenil, la cuantía máxima de las bonificaciones por la actividad formativa pueda elevarse a través de la modificación de su regulación. Igualmente, se tendrán en cuenta en el incentivo los costes inherentes de la necesidad de disponer de un tutor.
En el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes. De esta forma, el incentivo será del 100% cuando las empresas contraten a los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Además, en lo que se refiere al contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, la reducción de cotizaciones empresariales vigente actualmente para la contratación de parados menores de 30 años, se extiende a los beneficiarios de la garantía juvenil.
La regulación de donaciones y el almacenamiento de células tendrá rango de ley
El Consejo de Ministros ha aprobado con carácter de urgencia una Real Decreto Ley que regula las normas de calidad y seguridad de las donaciones y el almacenamiento de células y tejidos humanos, y que sustituye al Real Decreto vigente hasta ahora sobre estas cuestiones.
De esta manera, se atiende la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 1301/2006 por "insuficiencia de rango" legal, pero que no entra a cuestionar el sistema de donaciones y trasplantes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha justificado que se trata de aprobar el Real Decreto Ley "inmediatamente para que no haya ningún vacío legal", aunque no se cambia el contenido de la norma.
"Se asume el contenido del Real Decreto anulado por defecto de forma y se le da una cobertura legal", ha precisado.
La motivación de tramitarlo urgentemente consiste en evitar que este asunto quedara sin regulación estatal, aunque existen desarrollos autonómicos y la propia legislación europea, ha explicado a Efe el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz.
El Real Decreto Ley, que entrará mañana en vigor al publicarse en el BOE, tendrá que ser convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados, ha indicado.
El Gobierno permite a los ayuntamientos refinanciar la deuda del pago a proveedores
El Consejo de Ministros ha autorizado a los ayuntamientos refinanciar la deuda que tienen contraída con el fondo de pago a proveedores si pueden acceder a unas condiciones más asequibles a los mercados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de este acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros con el que el Ejecutivo da respuesta a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La situación de los ayuntamientos queda así equiparada a la de las comunidades autónomas, que pueden refinanciar el fondo de proveedores para mejorar las condiciones asociadas a su deuda siempre que cumplan determinados requisitos.
Los municipios españoles trasladaron esta petición al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que el ministro Cristóbal Montoro se comprometió a estudiarla.
Las entidades locales cerraron el año 2013 con una deuda de 41.715 millones de euros, de los que 11.595 corresponden al fondo de pago a proveedores.
Montoro anunció en el mes de mayo que las entidades locales podrían beneficiarse de medidas de flexibilización en las condiciones de devolución que supondrían un ahorro por rebaja de tipos de hasta 271 millones de euros.
El Ejecutivo lanza un fondo de eficiencia energética de 370 millones para mover 2.450 millones de inversión
Ha aprobado este viernes la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que estará dotado con 370 millones de euros y que permitirá movilizar inversiones por un valor cercano a 2.450 millones de euros.
Los recursos de este instrumento procederán de los Fondos Comunitarios (FEDER) y de las aportaciones obligatorias de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como de los operadores de productos petrolíferos al por mayor.
En un encuentro con periodistas, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó que el fondo permitirá poner en marcha mecanismos de apoyo económico y financiero, así como asistencia técnica, para el desarrollo de proyectos encaminados a la mejora de la eficiencia energética.
Por sectores, el 42% de las inversiones podrá destinarse a un sector como el de la edificación, lo que permitirá generar empleo en un ámbito con exceso de capacidad de fuerza laboral. Otro 39% irá a proyectos industriales específicos, otro 14% al transporte y un 3% a los servicios.
El fondo, señaló Nadal, aspira a procurar ahorros por más de 11,3 millones de toneladas o equivalente de petróleo, lo que equivale a evitar importaciones por valor de 7.700 millones de euros.
El secretario de Estado de Energía destacó la importancia de la eficiencia energética en un país tan dependiente como España y explicó que, con el nuevo fondo, se da cumplimiento a las directivas comunitarias sobre este ámbito.